madrid - Un juzgado de lo Contencioso Administrativo ha anulado la venta por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) de 2.935 viviendas públicas a un fondo buitre, en concreto a Azora-Goldman Sachs, en 2013, durante el Gobierno del expresidente madrileño Ignacio González (PP). Según la sentencia, esta adjudicación que dictó el Ivima nunca fue debidamente “explicada ni justificada” y tampoco aprobada por el Consejo de Administración de esta institución dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Esta consulta, según la sentencia, era un requisito necesario en una venta de estas características, que supone “una alteración de todo un programa de actuación” del Ivima al tratarse de casi 3.000 inmuebles que cumplen la “función social” de proporcionar una vivienda a las clases más desfavorecidas.

La venta de estos inmuebles al fondo entra en contradicción con la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en opinión del juez que firma la sentencia. En concreto, el fondo pagó algo más de 201 millones por 2.953 viviendas, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales.

sin justificación Esta adjudicación fue emitida el 29 de agosto de 2013 por el Ivima sin haberla justificado y dos meses más tarde se comunicó a los arrendatarios la transmisión de la propiedad de sus viviendas. Ahora, la decisión judicial se adopta cuatro años después de que una de las afectadas presentara su demanda. Tenía una reducción del alquiler del 90% de su vivienda en la localidad madrileña de Navalcarnero, a la que había accedido en 2007. Seis años después, la nueva propiedad, el fondo de inversión, le empeoró las condiciones del alquiler. El fallo, que entra por primera vez en el fondo del asunto, deja sin efecto la venta de su vivienda y cancela su relación con el fondo buitre, de forma que su casa debe volver a ser pública. Según los abogados, se abre la puerta a que el resto de inquilinos recurran y se esperan sentencias en el mismo sentido en los próximos meses.

La demandante ha atravesado un largo proceso judicial. El mismo juzgado que ahora dicta sentencia no admitió su demanda en febrero de 2016, lo que llevó a la afectada a presentar un recurso de casación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que también confirmó la no admisión. Fue el Tribunal Supremo el que, admitiendo otro recurso de la demandante el pasado noviembre, volvió a traer el caso al juzgado, que ahora admite lo demandado por la afectada, anula la adjudicación de las viviendas al fondo Azora-Goldman Sachs y pide que se devuelva el contrato de arrendamiento a la perjudicada. Ella alegaba en su demanda una vulneración de los principios de protección a la familia, de protección de los menores y del derecho a una vivienda digna.

El Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid está investigando en la actualidad esta posible venta fraudulenta de las 2.932 viviendas de Ivima, un proceso que, según el fiscal que lo investiga, “está trufado de irregularidades” y podría constituir un delito de prevaricación y malversación. La autoría de estos delitos correspondería a dos exdirectivos de la entidad: Ana Gomedio, que era directora del Ivima en el momento de la venta y Juan Van-Halen, que dimitió de su cargo como director general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento cuando comenzó a ser investigado. - Efe