pamplona - El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, reconoció ayer que las tres sentencias del TSJN sobre el decreto foral de 2017 por el que se regula el uso del euskera en las administraciones públicas pueden generar “inseguridad jurídica” en algunos casos.
Tras los fallos del máximo tribunal navarro que anulan algunos artículos del decreto que reformó la Ley del Euskera, Ramírez manifestó que es objetivo del Ejecutivo “optar por el escenario que genere la mayor certidumbre y seguridad jurídica” y aseguró que todavía “no han decidido si recurrir o no”.
El también portavoz del Gobierno afirmó que serán “ágiles” pero “previo estudio riguroso y viable”. “Y no nos referimos solo a una mera decisión del ámbito procesal, de recurso sí o no, sino a toda una serie de medidas que doten de coherencia, rigor y seguridad jurídica, así como cumplir con la normativa foral vigente, es decir, la LORAFNA, la Ley Foral del Euskera y el decreto foral 103/2017, además de toda normativa anexa que sigue vigente”, dijo para mostrarse favorable de elaborar una “nueva normativa” con “consenso” de los grupos; “un acuerdo de largo recorrido”.
En una comparecencia parlamentaria, Remírez quiso enviar un “mensaje de tranquilidad” a aquellos trabajadores públicos que “han logrado su plaza desde noviembre de 2017 vía concurso-oposición o de traslado con arreglo a procedimientos aprobados al amparo del decreto foral señalado que sean firmes: su plaza está consolidada y no es sujeto de revisión”.
Según añadió, “cuestión diferente es la de aquellos procesos que se hayan convocado con posterioridad al 30 de noviembre de 2017 y a fecha de hoy no hayan adquirido firmeza”. “En estos casos, dichos procesos pudieran verse afectados en función de los escenarios que se presenten”, expuso.
Remírez manifestó así que “en el caso de que las sentencias del TSJN devengan firmes por no presentarse recurso alguno, sería de aplicación en los procesos señalados la normativa vigente en ese momento, es decir, el decreto foral con los artículos ya anulados o sustituidos por otra normativa a la que se refiera, teniendo plena eficacia jurídica en los procesos pendientes”.
posible inseguridad jurídica Sin embargo, añadió, en los casos en que las sentencias del TSJN no devengan firmes por la presentación de recurso de casación podría pasar que “las partes no recurrentes pidan la ejecución provisional y se admita dicha ejecución provisional y, como es criterio general, se aplicaría ya el decreto foral sin aplicar los artículos ya anulados” o que la pidan y “no se admita y se aplicaría el decreto íntegramente, incluidos los artículos ya anulados”.
Manifestó el consejero que estos dos últimos casos “sí crearían un horizonte de cierta inseguridad jurídica ya que supondría que los procesos de selección pendientes que se ejecutarían con arreglo al decreto foral, serían objeto de revisión si la resolución final del recurso de casación es contraria al criterio aplicado durante este periodo transitorio”.
1.000 PLAZAS ASEGURADAs Javier Remírez insistió en trasladar un “mensaje de tranquilidad” a las personas que han participado en procesos de ingreso por oposición y ha concretado que “718 plazas de diferentes convocatorias con 21.598 participantes no están afectadas por la sentencia porque son procedimientos de ingreso por oposición donde no se valoran méritos”.
Según dijo, “de los procedimientos de provisión, hay 252 plazas que afectan a 199 personas que tampoco están afectadas porque, a pesar de tratarse de procedimientos de provisión, son procedimientos ya firmes”. “Insistimos en que todos los procesos firmes que se pusieron en marcha tras la entrada en vigor del decreto foral controvertido quedan al margen de esta sentencia por lo que las personas que obtuvieron plaza, la tienen asegurada”, aseveró.
2.000 puestos en el aire El consejero señaló que hay procesos que pueden verse afectados. Por una parte, expuso, “nos referimos a aquellas plazas que están en procedimientos donde se ha valorado el euskera y a día de hoy no son firmes: un total de 410 plazas de procedimientos de ingreso y 1.516 plazas de procedimientos de provisión”. “Sin embargo, los efectos que tiene la eventual ejecución de la sentencia no alcanzan a todas las plazas señaladas puesto que estos se verán cuando se ejecute la sentencia procedimiento a procedimiento”, precisó.
Por otra parte, indicó que hay 1.095 plazas provenientes de las ofertas públicas de empleo correspondientes a los años 2017 y 2018 que están pendientes de convocarse. “La convocatoria de las 1.095 plazas deberá aprobarse en el plazo máximo de 3 años desde la aprobación de la respectiva OPE puesto que de lo contrario se perdería la posibilidad de convocar las mismas por aplicación de la normativa vigente”. “Por este motivo algunas de las plazas señaladas deberán aprobarse en el año 2020 y otras en el 2021”, afirmó. - E.P./Efe
