PAMPLONa - Rafael Ruiz de la Cuesta, de 57 años, lleva al frente del juzgado especializado en materia hipotecaria desde el 30 de julio de 2018.

¿Por qué vino a este órgano?

-Llevaba seis años en el otro juzgado, tocaba cambiar. Hubo un efecto dominó entre compañeros y juzgados. Y era un reto esta materia, Intentarlo hacerlo bien para que algún día se acabe.

Ha sido un reto mayúsculo.

-Tenemos un grupo humano estupendo en lo personal y en lo profesional. Y la materia que este juzgado resuelve no es excesivamente difícil. El problema es de cantidad. Es como un pequeño tsunami en el que la ola te lleva por delante.

¿Qué criterios siguen las demandas de este juzgado?

-Hay dos grandes líneas de demandas: los gastos hipotecarios y las cláusulas suelo. La gente que viene a este juzgado quiere que el banco le devuelva dinero. En enero de 2019 el Supremo perfiló los criterios para esta materia que es lo se aplica: del registro y notaría se da la mitad, y del registro el 100%. Primero se anula la cláusula y como fue el cliente el que pagó la totalidad de las partidas, hay que escudriñar un poco en ver quien está interesado en el resto. El impuesto de actos jurídicos documentados no se concede. Hubo un cierto escándalo cuando el Supremo cambió la jurisprudencia. La ley es clara y la paga el prestatario. Ahora se reformó la ley y la paga el banco. Pero los asuntos anteriores, que son los que vemos en el juzgado, el impuesto lo paga el cliente. Es más dudoso el impuesto de tasación, calcular cuánto vale el piso si no le pagas al banco el préstamo. En Pamplona no se concede esta tasación. El interés en tasar la finca es del prestatario.

¿Siguen entrando a día de hoy?

-Siguen, y muchas veces en aluvión. Es una cuestión sencilla, pero se planteó una cuestión prejudicial, porque se entiende que el juez no puede aplicar la norma interna para integrar un pacto que es nulo. Esa situación está pendiente. Pero yo creo que lo que hacemos es lo correcto. La cláusula ha desaparecido, no hay previsión contractual y se aplica la normativa que existía antes. Con los gastos también se reclama en ocasiones la comisión de apertura, que el Supremo entiende que forma parte del propio precio del contrato y no es revisable por abusividad.

¿Y la otra gran línea de demandas?

-Sin duda que son la cláusulas suelo. El suelo estipula un mínimo que siempre hay que pagar sin atender al diferencial y Euríbor, que es el interés pactado entre banco y cliente. Con la caída de Lehman Brothers la caída del Euríbor también fue a plomo, cayó del 5 al 1%. Cuando esto ocurre, entran de manera generalizada a funcionar las cláusulas suelo y la gente ve que sigue pagando lo mismo, pese a que el Euríbor está en mínimos. El juez debe mirar los elementos periféricos del contrato para saber si ha habido abusividad. El suelo afecta al interés que vas a pagar. En épocas previas a la crisis, nadie pensaba que el suelo, siendo un elemento esencial del contrato, fuera un lugar en el que poner el foco. Y no se informaba de él o se informaba mal. Al judicializarse, en 2015 el Supremo dijo que estas cláusulas eran lícitas, pero para que fueran válidas tenían que ser transparentes, tenían que explicarse bien, tanto el recorrido del Euríbor, como su proyección a futuro, se debían hacer simulaciones de cuota mensual en caso de que los intereses bajaran y se aplicara el suelo, y cuál es la cuota a pagar por debajo del suelo.

¿Y hay una casuística añadida?

-Llega un momento en el que el TS dice que se debe devolver el dinero, pero estima una retroactividad parcial, hasta mayo de 2013, que fue la primera vez que el TS alertó de ello. Europa aplicó la retroactividad total. Y en este contexto los bancos llaman a los clientes para ofrecerles eliminar las cláusulas para alcanzar otro tipo de acuerdo. La jurisprudencia del Supremo ha dado algún bandazo con esto. Si el suelo es nulo, la novación (el acuerdo) también si la cláusula no fue transparente. Luego dictó otra sentencia que decía que el hecho de anular el suelo no impide a las partes alcanzar un acuerdo si reúnen unos requisitos (transparencia). Ahora estamos en esa situación, analizando los acuerdos posteriores de novación o transaccionales por la eliminación de la cláusula suelo. Estos acuerdos suelen ir precedidos de una oferta. El banco no explicaba al cliente la cantidad a la que se renunciaba. Ahí existe un problema de falta de transparencia.

¿Ha dado muchísimos bandazos esta materia en los tribunales, la Justicia no ha sido especialmente ejemplarizante?

-Los jueces han fallado en esta materia, como uno más de los operadores. Pero aquí no solo interviene el juzgado, que es el último reducto. Para cuando llega algo aquí, hay bancos y muchos profesionales que intervienen y ha habido fallos en todos. Creo que estamos asistiendo a una revolución jurídica en los grandes principios del Derecho y esto tiene que ver con el Derecho europeo y un cambio de chip. Venimos de un sistema en el que lo que estaba pactado era ley entre las partes y la posibilidad de que eso se anulara era muy remota. Venimos de un escenario en el que se habían pactado intereses de demora del 29% o que en el caso de que incumplieras una cuota te podían hacer devolver todo. Ese es el recorrido que hemos hecho hasta la situación actual en el que la protección al consumidor es máxima. Estamos en una situación pendular. Tal vez nos estamos yendo al extremo opuesto, corremos ese riesgo. Y es posible que cuando haya una avalancha de demandas también se suba a esa ola gente que estaba informada y se aprovecha de la situación. Cuando yo estudié la carrera, con las sentencias hacías trabajo fino y trajes a medida. Ahora hemos entrado en una Justicia masificada, en cadena, informatizada, y funcionamos de otra manera. Y ahora Europa es una instancia nueva. Antes las cosas acababan en el Supremo. A la tardanza al resolver debemos sumar el hecho de que se están produciendo cambios de criterio y, sobre todo, de mentalidad. Podemos transmitir una mala imagen, percepciones escandalosas, pero al final es la Justicia quien está dando respuesta a esa situación.

¿Europa ha enriquecido ese Derecho que se aplicaba en el Supremo?

-Puede ser que Europa haga también la ola más grande. Pero todo esto tiene que ver con la crisis. Si la gente hubiera seguido viviendo bien, tal vez nunca hubiera reclamado los gastos de la hipoteca, porque los habían dado por buenos e igual nunca se hubiera revisado.

Ha calificado el juzgado como colapsado, pero ya nació así.

-Este juzgado se colapsó al nacer. Ahora, estamos en una situación en la que resolvemos tanto como lo que nos entra. Pero seguimos con unos tiempos de señalamiento muy largo. Tardo mucho más en poner una sentencia que el que tardaría en un juzgado normal.

¿Cuál es la proyección a futuro?

-Creo que de medios materiales no nos podemos quejar. Pero el embudo se produce en el juez. Aquí solo estamos yo y una jueza de refuerzo (Silvia Oldrini). En abril pedimos un segundo refuerzo. Creo que es importante que seamos tres jueces, pero por el momento no se ha concedido. Entre dos ponemos del orden de 1.200 sentencias al año.