pamplona - Ingresar en prisión tras haber cometido un delito no siempre es la medida idónea, especialmente para el propio preso, y mucho menos para su familia. De esta forma, cuando las penas son inferiores a dos años y un día, y en aquellos casos en los que sea la primera vez que la persona haya cometido un delito, los juzgados imponen penas y medidas alternativas para evitar el ingreso en un centro penitenciario, y con el objetivo de que no vuelvan a delinquir. Así, el pasado año un total de 723 personas -de las cuales el 93,4% fueron hombres y solo el 6,6% mujeres- eludieron la prisión gracias a estas medias que coordina el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas. De ellas, 588 personas eran españolas y 150 procedían de países extranjeros.

El año pasado el número de medidas penales alternativas aplicadas en la Comunidad Foral ha aumentó en un 2,8 %, pasando de las 2.180 del año 2018 a 2.240 en 2019.

Las personas a las que se le les impone una pena alternativa han cometido, en la mayoría de casos, delitos relacionados con la violencia de género -432 personas, lo que supone el 58,53% de los casos- y, en menor medida, delitos de violencia doméstica -16 casos- y delitos de seguridad vial -8 casos-. Por otra parte, los casos de delitos relacionados con la violencia de género cometidos por personas con drogodependencia fueron 11, los de violencia doméstica 10 y tres estuvieron relacionados con la seguridad vial. Asimismo, otras 282 personas con distintas adicciones fueron sometidas a penas alternativas por haber cometido otra serie de delitos, especialmente los relacionados con la tenencia de drogas, entre otras cosas.

En el caso de aquellos hombres que son condenados por violencia de género, la medida alternativa a la que se tuvieron que enfrentar fue la prohibición de aproximarse y mantener contacto con la víctima y su entorno cercano, y la participación en programas terapéuticos específicos para agresores.

programas de desintoxicación Por su parte, las 306 personas condenadas con algún tipo de adicción participaron en programas de deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, o de tratamiento de otros comportamientos adictivos. Además, en estas ocasiones suelen concurrir patologías duales, es decir, casos en las que además del consumo de drogas se dan distintos trastornos mentales y/o discapacidades intelectuales.

Según consta en la memoria del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, la mayoría de los condenados atendidos por su drogodependencia, la gran mayoría -el 98% de los casos- lo fueron en la red pública y concertada de salud mental. Así, 68 de ellos estuvieron en régimen de internamiento -38 en comunidades terapéuticas, 28 en el Centro Penitenciario de Pamplona, y tan solo uno en centro psiquiátrico- y otros 329 recibieron tratamiento ambulatorio -250 de ellos en centros de salud mental-.

Los resultados de la memoria muestran que el fracaso terapéutico no llega al 10%, ya que de los 396 condenados que fueron tratados el año pasado por problemas socio-sanitarios (de adicciones o mentales), tan solo 17 fueron excluidos, y otros 21 abandonaron la terapia voluntariamente. Así, el 15% (59 personas) recibieron el alta terapéutica tras finalizar el tratamiento y 296 continúan en el programa.