- Un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria estimó parcialmente el recurso de la Fiscalía y decretado la vuelta al Centro de Inserción Social (CIS) de Juana Rivas, la vecina de la localidad granadina de Maracena condenada en firme a dos años y medio de prisión por permanecer en paradero desconocido con sus dos hijos menores en el verano de 2017 para no entregarlos a su expareja, el italiano Francesco Arcuri.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Andalucía estimó parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía contra el tercer grado concedido a Rivas, una medida que le permitió el pasado 15 de junio salir del CIS al que se presentó para cumplir la condena ratificada por el Tribunal Supremo.

Vigilancia Penitenciaria señala que Rivas debe cumplir el tercer grado, pero en la modalidad establecida en el artículo 82.1 del Reglamento Penitenciario, lo que implica el horario diario que establezca el CIS y poder salir solo dos fines de semana al mes.

Este auto, contra el que cabe recurso, también destaca la necesidad de que Rivas se someta a un programa de tratamiento específico “tendente a lograr la plena concienciación” sobre los derechos de la infancia. Este programa pretende que Rivas comprenda el “escrupuloso respeto que debe presidir” toda actuación en las relaciones paternofiliales.

El juez señala que tras examinar los informes sobre Rivas “nada se opone por ahora a la clasificación inicial en tercer grado de tratamiento”. Así, la junta de tratamiento señaló como factores de adaptación que era su primer delito, que fue ocasional y que tiene solicitado el indulto, que el ingreso en prisión fue voluntario y que Rivas presenta buena conducta penitenciaria y cuenta con apoyo familiar.

“Hemos de convenir con el Ministerio Público en que existe una inusual premura en la clasificación, que ciertamente no es contraria a la ley y sería deseable se pudiese producir en todos los supuestos”, expone el auto, que destaca algunas lagunas como la gravedad de que sea un delito de sustracción de menores.

Tampoco aparece que fue un delito que precisa de un alto grado de planificación y que fue cometido contra la infancia y pluralidad de víctimas.

El Juzgado argumenta así que se apueste por un tratamiento tendente a lograr la plena reeducación de la condenada y “su reinserción”, sin olvidar el fin retributivo de la pena y los fines de prevención general.

Con estos datos, el auto propone por unanimidad clasificar a Rivas en tercer grado de tratamiento en la modalidad de vida restringida.

Recurrir el auto. El abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, recurrirá el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Andalucía y pedirá además que se agilice el expediente de indulto. Su letrado recalcó que el auto mantiene aunque restringe ese tercer grado, que limitará además sus salidas del CIS a dos fines de semana al mes. Aránguez adelantó además que, junto al recurso, presentarán una petición al Gobierno central para que agilice el expediente de petición de indulto a Rivas, lo que ya tramita el Gobierno. La petición de indulto cuenta con el respaldo de más de sesenta organizaciones públicas y privadas y el apoyo de altos cargos de la administración “que coinciden en que se debe suavizar aún más la condena”.