El anteproyecto de Ley Foral de Atención a las Personas con Discapacidad que en estos momentos prepara el Gobierno de Navarra y que en los próximos meses será llevada al Parlamento establece que el uso de sujeciones físicas y farmacológicas en el ámbito de la discapacidad, la enfermedad mental y en los servicios sociales en general sólo podrá ser excepcional. Estas podrán aplicarse únicamente en los supuestos de problemas conductuales, para los que la adopción de medidas ambientales o medidas de apoyo conductual alternativas no hayan resultado efectivas y en situaciones de urgencia que supongan una amenaza inmediata para la vida o integridad física de la propia persona usuaria o de terceras personas y en todos los casos deberán contar con prescripción específica facultativa y notificarse al Ministerio Fiscal.
Así lo explicó la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, en la apertura de una jornada titulada Hacia la eliminación de las sujeciones y contenciones, organizada por el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra y celebrada este viernes en el Civican, en Pamplona.
Maeztu recordó que Navarra ya fue pionera en este ámbito con la entrada en vigor del Decreto Foral 221/2011, que regulaba los procedimientos para la sujeción física y farmacológica en los servicios de atención residencial y diurna de las áreas de personas mayores y discapacidad. En 2021, el actual Gobierno modificó esa reglamentación, por un lado, para incluir en su ámbito de aplicación a las personas con enfermedad mental y, por otro lado, para incluir la búsqueda y actualización de sistemas ambientales y/o medidas de apoyo alternativas junto a otros principios básicos que ya se incluían, como la dignidad, libertad, autonomía, información, rechazo de cualquier daño, sufrimiento o deterioro innecesario.
Derechos y obligaciones
La consejera apuntó asimismo que en el anteproyecto de Ley Foral se incluye "una mejor delimitación de los derechos, obligaciones e infracciones relacionados con esta cuestión". Así, se establece que las sujeciones "habrán de aplicarse respetando el principio de proporcionalidad en función de los riesgos sobre la salud física y psicológica de las personas, limitando lo mínimo imprescindible la libertad física, la integridad física y moral" o que cuando estas puedan ser recomendadas "para una corrección postural, con el fin de evitar problemas musculo esqueléticos o de mejora de su bienestar, deberá estar igualmente prescrito por el personal facultativo y contar con el consentimiento previo de la persona sobre la que se aplica".
En cuanto a las obligaciones, los centros deberán "formar al personal en procedimientos para evitar las contenciones, centrados en alternativas ambientales, relacionales, conversacionales, para que las contenciones sean las mínimas imprescindibles y, cuando sean precisas, lo menos agresivas posibles". De esta manera, se deberá velar por que la sujeción o contención dure el menor tiempo posible, evitar dejar sola a la persona sobre la que se aplica y contar en el equipo con personal formado en técnicas de apaciguamiento. De igual forma, se deberá dejar constancia escrita de la situación que desencadenó la contención y elaborar un informe con conclusiones sobre lo que podría haber evitado o reducido la duración de la contención.
En la apertura de la jornada, la consejera Maeztu aseguró que "desde las líneas estratégicas de este Departamento y las acciones desarrolladas en esta legislatura, no cabe otro planteamiento, por cuanto un objetivo irrenunciable es potenciar la autonomía de las personas y aplicar un paradigma de derechos y de calidad humana en los servicios que prestamos".
Una ley pionera
Además del tema de las sujeciones, la ley en la que trabaja el Ejecutivo foral incorporará aspectos generales fundamentales para las personas con discapacidad, como las garantías ante la discriminación, la potenciación de la autonomía y vida independiente o la sensibilización de la sociedad para la toma de conciencia sobre su realidad y su aportación como diversidad enriquecedora. También contempla otras medidas dirigidas a impulsar el acceso al empleo, sea este protegido u ordinario, así como el acceso a la salud y a la cultura.
La nueva norma convertirá a Navarra en la primera comunidad autónoma que modifique su Derecho Civil tras los cambios producidos por la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
