Un total de 3.491 alumnos con discapacidad y necesidades educativas especiales comenzarán las clases del curso 2022/23 entre este miércoles y el próximo viernes. Algo más de un 10% lo hará en centros de educación especial, mientras que en torno al 90% de ellos lo hará, junto con otros 100.000 estudiantes, en centros ordinarios. En ellos, se desplegarán diferentes apoyos para su educación inclusiva.
No obstante, Cocemfe Navarra, la federación de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica, considera a éstos todavía mejorables. “Hay que reforzar los recursos humanos y materiales en los diferentes centros para permitir al alumnado con discapacidad desarrollar su potencial en igualdad de condiciones que el resto”, reclama la entidad en un comunicado.
“Los centros y sus profesionales necesitan formación, recursos y las metodologías idóneas para poder ofrecer los apoyos más adecuados”, destaca Alicia Checa, terapeuta ocupacional de Cocemfe, que incide también en la importancia de extenderlos a fuera del aula, “haciendo inclusivas y accesibles” unas actividades lúdicas o extraescolares “muy importantes para crear redes sociales”.
“Para una verdadera educación inclusiva se tienen que cubrir las necesidades de este alumnado y darles los apoyos necesarios para que se desarrollen plenamente”, manifiestan desde la Asociación Navarra de Espina Bífida e Hidrocefalia (ANPHEB) y la asociación Hiru Hamabi, de daño cerebral adquirido en menores.
Tres asignaturas pendientes
Desde Cocemfe señalan al menos tres “asignaturas pendientes por cumplir”. La primera de ellas es la incorporación a los centros escolares de nuevos perfiles como la terapia ocupacional, que “daría respuesta a las necesidades del alumnado adaptando su entorno y fomentando su participación y autonomía”; la segunda, una asistencia personal, que entraría dentro del aula “como persona de apoyo de referencia”; y la tercera sería la incorporación de una enfermera escolar en los colegios para atender “a aquellos estudiantes con enfermedades crónicas que sigan un tratamiento o que en algún momento puedan necesitar de un apoyo puntual, evitando de esta forma que la responsabilidad caiga sobre el profesorado o que tengan que depender de sus familiares”.
Es el caso del alumnado con enfermedades como fibrosis quística o diabetes, quienes “tienen el derecho a recibir una educación con las mismas garantías de seguridad que sus compañeros”.
En cuanto a los pacientes en edad escolar de la segunda enfermedad mencionada, Juantxo Remón, presidente de Anadi, la Asociación Navarra de Diabetes, explica que son los propios niños o los profesores, a merced de su voluntad, quienes miden el azúcar o pinchan la insulina a los niños. “El protocolo actual no atiende todas las necesidades, y a veces incluso acuden los padres al centro”, desvela.
“Hay niños que no van a excursiones por no contar con alguien que les pinche la insulina”
Sin embargo, los problemas se magnifican fuera del aula en lugares como el comedor o excursiones, a donde muchas veces no pueden acudir debido a, por ejemplo, no contar con alguien que les pinche la insulina. “No pueden ser discriminados”, se queja. Por este motivo, y a pesar de que la entidad les enseña “a ser autónomos”, una de las soluciones que apunta Remón y también reivindica el sindicato de enfermería Satse es la incorporación de la mencionada enfermera escolar.
Sin terapias en verano
Otra de las demandas de Cocemfe es la continuidad en periodos no lectivos de las terapias que Educación ofrece al alumnado con discapacidad, tratamientos entre los que entran, por ejemplo, fisioterapia o logopedia que finalizan con las vacaciones estivales.
“Llevamos años solicitando que durante los meses de verano se continúen con estas terapias a las que tenemos derecho” critica Yolanda Fonseca, presidenta de la asociación de daño cerebral adquirido infantil Hiru Hamabi.
“Cuando no hay clase se paralizan terapias. Muchos tienen que ir a sesiones privadas”
Su trabajadora social, Lourdes Álvarez, explica que la ausencia de estas sesiones haga que “retroceda” la evolución que hacen estos alumnos durante el curso, por lo que las familias optan por acudir a terapias privadas. “Al menos, en ese periodo ese recurso debería depender de Salud, pero nos dicen que están saturados y no pueden dar respuesta. Se lanzan la pelota”, denuncia.
Asimismo, Álvarez expone que aunque los recursos en los centros “más o menos funcionan”, “se siguen dando casos donde las familias tienen que cambiarse a un centro donde les faciliten esas herramientas o incluso encaminarse hacia una educación especial”.
Solo un 1,5% de los universitarios tiene una discapacidad
El paso por las distintas etapas educativas va dejando a alumnos con discapacidad por el camino, sobre todo en el salto a Secundaria. “Los esfuerzos por lograr una educación inclusiva tienen que continuar una vez termina la Primaria”, emplaza Cocemfe, que alerta del “cuello de botella o embudo” cuando los recursos disminuyen.
"En muchos casos se podía evitar con mayores recursos o pequeños ajustes en cuestiones como los tiempos para terminar un examen"
“El resultado es que menos del 1,5% del alumnado universitario tiene discapacidad, estando muy poco representado. Y en muchos casos se podía evitar con mayores recursos o pequeños ajustes en cuestiones como los tiempos para terminar un examen, utilización de productos de apoyo o entornos más accesibles”, explica Alicia Checa.
“Si para cualquier persona la educación es la clave para su crecimiento, para las personas con discapacidad lo es por partida doble”, destaca.
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