La práctica totalidad de los mandos de la Policía Foral –32 de 34 jefes de Área, División, Brigada y Comisaría– se suman a las reivindicaciones laborales de los agentes del Cuerpo autonómico, frente al Gobierno de Navarra, al que acusan de que “siempre se han escuchado buenas palabras, sin que se hayan traducido hasta el momento en ningún hecho real”.
En un comunicado conjunto, tras una reunión mantenida la semana pasada, los 32 mandos de la Policía Foral firmantes recuerdan que la Ley de Policías de Navarra “estableció la obligación de dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo reglamentario, entre otras, las referidas a jornadas, horarios y retribuciones del personal de la Policía Foral”.
En marzo de 2021, tras haberse declarado nulo de pleno derecho mediante resolución judicial, el Decreto Foral por el que se regulaba el Reglamento de Jornadas y Retribuciones, se aprobó con “carácter temporal y transitorio”, la Ley Foral 3/2021 para dotar de un marco jurídico “en tanto no se produzca el desarrollo señalado”. “A día de hoy, no se ha producido el citado desarrollo reglamentario, ni en jornadas y retribuciones, ni en ninguna otra materia pendiente de desarrollo, según lo previsto en la Ley de Policías”, denuncian.
Nulo de pleno derecho
Los mandos del Cuerpo autonómico aseguran que “la dilación en la aprobación de este desarrollo normativo, implica de facto, consolidar un sistema de jornadas y retribuciones, que fue declarado nulo de pleno derecho, cuestión que dificulta la prestación de los servicios, así como la asunción de nuevos retos por la Policía Foral”. Asimismo, critican que tampoco se ha desarrollado reglamentariamente “una nueva estructura organizativa, adecuada a las cambiantes necesidades de seguridad, que posibilite una mejor respuesta a las demandas ciudadanas”.
Al respecto, destacan que “durante la actual legislatura, se han producido varias reuniones entre los Comisarios Principales y los responsables del Departamento de Interior en los que siempre se han escuchado buenas palabras, sin que se hayan traducido hasta el momento en ningún hecho real”.
En este sentido, critican que “muy avanzada ya la legislatura no se ha llevado a cabo la transferencia de tráfico, ni se ha avanzado para que la Policía Foral sea la policía de referencia en seguridad ciudadana y medio ambiente, cuestiones ambas, recogidas en el Acuerdo Programático alcanzado por los Grupos Parlamentarios para el periodo 2019-2023. Realizada ya la mención a la falta de desarrollo reglamentario de la Ley Foral 23/2018, de Policías de Navarra, tampoco se han producido avances significativos en cuanto a unas instalaciones adecuadas en Aranguren-Sanquín”.
Lealtad, no conformidad
Los mandos de Policía Foral advierten que “no debe confundirse la lealtad al Gobierno de Navarra del colectivo de trabajadores de la Policía Foral, con la conformidad. Esa lealtad obliga a trabajar con responsabilidad por el bien de la comunidad, cumpliendo las disposiciones legales y las instrucciones que recibamos de nuestros superiores, pero también, a expresar nuestra valoración con la situación que vive la Policía Foral”. “En consecuencia, apoyamos en lo esencial, los doce puntos solicitados recientemente, por agentes de distintas unidades, para su tramitación de manera urgente”, aseveran.
Dichas reivindicaciones se sustancian en la aprobación del reglamento de jornadas, horarios y retribuciones, ejecutándose con efectos retroactivos (aplicar la valoración de puestos de trabajo); aprobación o modificación, del reglamento de indemnización por razón del vestuario (masita); aprobación del reglamento de Comisiones Servicio e Interinidades; adecuar el precio de la hora extra, considerando el actual precio totalmente desfasado, insuficiente y fuera de mercado; reglamentar la bolsa de horas; compensación económica por trabajo en San Fermín; considerar festivos, a efectos de remuneración, los sábados y domingos; ampliación de las coberturas sociosanitarias; formación de calidad; material de calidad e individual; complemento de penosidad y transporte por trabajo en comisarías territoriales; y precio de la hora extra por trabajo en eventos multitudinarios.
