SOS Racismo atendió 181 casos, una “mínima parte de la realidad”

La Oficina de Denuncia, Atención y Sensibilización de SOS-Racismo en Navarra atendió en 2022 un total de 181 casos de manera presencial, el 52% mujeres y el 55% con una edad comprendida entre los 19 y los 40 años, aunque es una “mínima parte de la realidad existente”. Así lo recoge el informe anual presentado por SOS Racismo, que subraya que un 39 y el 39%% de las personas atendidas se encontraba en situación administrativa irregular, una situación de “vulnerabilidad jurídica que dificulta su acceso a servicios tanto públicos como privados, e impide o recorta su acceso a derechos fundamentales de facto, como el trabajo regular o prestaciones/ayudas, o de manera indirecta como el acceso a la vivienda o la sanidad”. En cuanto al agente discriminador, el informe dice que en el 73% de los casos era una entidad pública, y de ellos los porcentajes más altos se corresponden con dificultades en los procedimientos de Extranjería, Nacionalidad y Asilo, con un 30 %.

El segundo ámbito más amplio fueron las actuaciones policiales, con un 16 % (dentro de las Actuaciones Policiales hay tres de las denominadas citas trampa); situaciones de violencias por parte de agentes de Policía y los controles de identidad policiales por perfil étnico. Otros ámbitos de discriminaciones son los relacionados con las dificultades o trabas en el acceso a protección social, un 15 %; y casos relacionados con el ámbito de sanidad, un 11 %.

Por otro lado, un 10 % de los casos tuvieron a entidades privadas como agente discriminador, de ellos el 4 % fueron casos relacionados con discriminación en centros educativos, el 6% fueron entidades bancarias relacionado con las dificultades en apertura de cuentas bancarias. Además, un 10 % se corresponde con particulares, es decir, personas a título individual. Estas vulneraciones se dan principalmente en vivienda, 10%, mientras las relaciones vecinales, suponen un 1 %.

Con todo ello, SOS-Racismo advierte de que estos porcentajes resaltan la “existencia y permanencia” de un Racismo Estructural, “institucionalizado en forma de leyes como Extranjería, y en normativas que obvian la existencia de las diversas categorías de ciudadanía existentes con base en esta ley, o hacen un uso directo de ella para discriminar a las personas”.