La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha hecho público este lunes que ha acordado por unanimidad suscribir el comunicado emitido por las cuatro asociaciones judiciales, que han mostrado su rechazo y preocupación por las referencias a la ‘lawfare o judicialización de la política’ y sus consecuencias.
“Ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura, las asociaciones judiciales mostramos nuestro rechazo por las referencias a la ‘lawfare o judicialización de la política’ y sus consecuencias. El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", suscribe la Sala de Gobierno del TSJN.
"Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”, apostillan los jueces.
¿Qué es la "lawfare"?
El acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez prevé la creación de comisiones de investigación parlamentarias para determinar los casos en los que se ha podido instrumentalizar la justicia para hacer una persecución política, es decir, la "lawfare".
Se trata un término formado por law ('ley') y warfare ('guerra') que, según el diccionario de lengua inglesa de Oxford, designa "acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo". Según la Fundación del Español Urgente (Fundeu), el término se emplea en el ámbito militar para describir un método de guerra asimétrica no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar.
Y en el ámbito de la política, designa "el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político".
Unidas Podemos, los Comunes, Compromís o los partidos independentistas de Cataluña son algunos de los que se han proclamado víctimas de procesos judiciales propiciados por la "lawfare" en los últimos años.
Principalmente, se trata de causas abiertas a raíz de denuncias o querellas infundadas a las que los tribunales dan recorrido judicial, con la consecuente pena de banquillo, pero también de investigaciones basadas en indicios obtenidos de forma irregular, a menudo con complicidades en los medios policiales. Sin ir más lejos, la ministra de Derechos Sociales en funciones, la navarra Ione Belarra, denunció este pasado viernes que "es evidente que los sectores reaccionarios" del poder judicial están articulando la "columna vertebral" de los "principales ataques" a la democracia, a través de "golpes blandos" como la 'lawfare'. También arremetió contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que desde la "ilegitimidad" de tener un mandato caducado desde hace cinco años, se permite "hacer ataques" al Gobierno de coalición elegido legítimamente en las urnas.
El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, aseguró sábado que en el acuerdo de investidura suscrito con Junts per Catalunya "no se habla" de 'lawfare'. "Hay que leerse bien el párrafo lo que dice. Habla de unas comisiones que va a haber en el Congreso de los Diputados y no se habla de nada más. No se está hablando de 'lawfare' por parte del PSOE", afirmó Cerdán al ser preguntado por las críticas del poder judicial.
El Consejo General del Poder Judicial, todas las asociaciones judiciales y fiscales, los jueces decanos y los presidentes de las Audiencias Provinciales de toda España han clamado en los últimos días contra el acuerdo de PSOE-Junts para la investidura de Pedro Sánchez porque consideran que podría suponer la "quiebra de la separación de poderes". Una opinión compartida por varios magistrados del Tribunal Supremo, que afirman que la referencia a la "lawfare" es "una amenaza explícita" a su independencia judicial, "algo terrible en términos democráticos, ya irremediable e insólito" que hasta las asociaciones judiciales y fiscales más afines al Ejecutivo de Sánchez se han puesto en su contra, destacan.
