La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha dicho este martes que el Gobierno español cumplirá lo firmado y se pondrá a trabajar "de manera inminente" para llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias y que la acogida de menores migrantes no sea opcional.
En declaraciones a los periodistas, previas a las visitas a los centros de acogida de migrantes de Las Raíces y Las Canteras, Saiz ha insistido en que la solidaridad en la gestión de la crisis migratoria no es una cuestión opcional sino una cuestión de Estado, si bien ha recordado que cualquier cambio legislativo "tiene un recorrido" y deberá contar con el respaldo de las Cortes.
"Habrá que trabajar indudablemente para la búsqueda de esos consensos, para que salga adelante la modificación legislativa y que eso se haga con escucha activa y de la mano con las diferentes comunidades autónomas y todos los actores implicados", ha subrayado la ministra.
Ha destacado asimismo la necesidad de anticipación, colaboración interinstitucional y de todas las comunidades y agentes como una herramienta fundamental para abordar la crisis "velando siempre por la protección de los derechos humanos".
Saiz ha valorado además el reciente acuerdo migratorio alcanzado en la Unión Europea después de siete años de negociación y ha dicho que lograr el consenso "es en sí mismo una buena noticia" porque, a su juicio, ha colocado a España, sus reivindicaciones y peculiaridades "en el corazón de Europa".
"Que la Unión Europea también tenga una respuesta común (...) es una herramienta que no podemos despreciar. El acuerdo es una buena noticia", ha sostenido.
Respecto a si prevén hacer transferencias a Canarias adicionales a las anunciadas, ha dicho que las inversiones y el envío de recursos por parte del Gobierno ha sido "constante" y, aunque no ha especificado cuantías, ha aseverado que el respaldo "se va a seguir haciendo" porque es una cuestión de Estado "también a nivel presupuestario".
Asimismo, ha apuntado que tras la conferencia sectorial de migraciones se han creado diferentes grupos de trabajo técnico que "van a empezar a andar en cuanto pasen estas fechas" y ha insistido en que "Canarias no está sola en abordar esta realidad".
"Quiero ratificar la capacidad de respuesta del Gobierno para esta situación y para estar preparados ante cualquier emergencia", ha dicho.
Clavijo, "preocupado"
Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha agradecido a la ministra que en tan poco tiempo se haya desplazado dos veces a Canarias para conocer la realidad migratoria del archipiélago y ha dicho estar "preocupado" por la planificación de la gestión de la crisis en 2024 después de que 2023 se haya cerrado con la llegada de 40.027 migrantes.
Clavijo, que ha coincidido con Saiz en que el pacto migratorio de la Unión Europea es "esperanzador" porque significa que habrá una "respuesta única", ha avanzado que su Gobierno trabaja para tener una propuesta sobre qué textos legales son los que hay que modificar para facilitar el tránsito de menores migrantes a otros territorios.
En la línea de que la solidaridad sea obligatoria y no se dependa de la voluntad de las comunidades autónomas y, por tanto, que estas asuman su parte de responsabilidad.
"Les voy a dar un dato: Estados Unidos tiene bajo su tutela 11.700 menores con 300 millones de habitantes. Canarias con 2,2 millones de habitantes tiene 4.500 menores bajo su tutela. Por mucho que las ONG se desvivan no les podemos garantizar un proyecto de vida, y esa es la preocupación de ambos gobiernos", ha apostillado Clavijo.
Ha recordado que el coste de la gestión de la crisis asciende en Canarias a unos 104 millones de euros, y que, independientemente de los 50 ya transferidos, ambas administraciones se han comprometido a buscar más recursos.
"Es evidente que necesitamos hacer la previsión de 2024, al menos, hasta que se resuelva la distribución y el reparto de los menores porque Canarias va a tener que seguir sosteniendo económicamente esos gastos", ha agregado el presidente canario.
Preguntado por si está previsto que haya más traslados de menores extranjeros a otras partes de España, ha señalado que la idea es tratarlo en la Comisión Sectorial y ver qué voluntad tienen las comunidades.
En este sentido ha recordado que en los últimos dos años se han trasladado alrededor de 700 niños y niñas, una cifra que ha considerado que "no es relevante" dado el volumen que gestiona el archipiélago.
