La Fiscalía de Menores y la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cantabria continúan la investigación por la muerte de una mujer en Castro Urdiales y por la que fueron detenidos sus dos hijos menores, de 15 y 13 años, por apuñalar presuntamente en la tarde noche del miércoles a Silvia L.G., de 48, y simular después un secuestro como coartada.
El primero permanece desde el jueves internado en un centro de reforma, donde estará de forma provisional durante al menos seis meses, como presunto autor del asesinato de su madre, mientras que el segundo -inimputable (sin responsabilidad penal) al tener menos de catorce años- ingresó en un centro de protección de menores, en ambos casos a petición del ministerio público.
Entre tanto, los compañeros de la mujer, que vivía en el municipio cántabro pero trabajaba de celadora en el Hospital de Cruces, se han concentrado a mediodía de este viernes a las puertas del centro sanitario, para recordar a la fallecida y tratar de entender -y creer también- lo ocurrido.
Los allí congregados han mostrado su dolor y consternación por estos hechos, que han conmocionado al municipio castreño -decretó tres días de luto oficial, guardó un minuto de silencio y suspendió el Carnaval de este fin de semana- y a Cantabria en su conjunto.
Todavía en shock por lo ocurrido, han destacado que era una "buena compañera" y su "sonrisa", entre otras cosas, y han finalizado con un aplauso el acto de recuerdo a Silvia, que también era catequista en la localidad cántabra donde vivía con sus hijos y su marido.
EL DE 13 DIJO QUE LA HABÍAN MATADO Y QUE LES PEGABAN POR LAS NOTAS
De su lado, los investigadores continúan con las pesquisas (recabando diferentes testimonios o buscando el arma del crimen con la que se asestaron las puñaladas, una de ellas en el cuello) para tratar de esclarecer el crimen.
Cuando los dos sospechosos fueron localizados en un parque de la localidad uno de ellos --el más pequeño: el mayor trató de escapar corriendo-- confesó que habían matado a su madre, y mencionó que lo habían hecho porque les habían pegado por malas notas, según han podido saber Europa Press por fuentes de la investigación.
A este respecto, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado en una entrevista a TVE que no tiene constancia de la existencia de denuncias interpuestas por ningún miembro de la familia o de otras circunstancias que tuvieran relación con esta "tragedia". Tampoco constan quejas ni expedientes en los Servicios Sociales municipales.
HASTA CINCO AÑOS DE INTERNAMIENTO Y TRES DE LIBERTAD VIGILADA
Y la fiscal de menores que se encargó de la medida cautelar ha explicado, en declaraciones a la Cope recogidas por Europa Press, que el ministerio público está siguiendo un expediente de reforma frente al hermano de 15 años por la posible comisión de un delito de asesinato.
El Juzgado de Menores --funciones asumidas por el Juzgado de Guardia el jueves, el de Instrucción número 5 de Santander-- decretó para él internamiento en un centro de reforma de menores (está en el Centro Socio-Educativo Juvenil de Parayas) en régimen cerrado, por un periodo inicial de seis meses, y que se podría prorrogar por tres más, pues el plazo máximo legal es de nueve.
Durante ese tiempo va a continuar la investigación y una vez concluya la instrucción y emita informe el equipo técnico, el ministerio fiscal formulará escrito de acusación para la celebración del juicio en el Juzgado de Menores.
Entre tanto, el chico permanecerá ingresado en el centro de reforma y los técnicos educadores y el gabinete psicológico elaborarán un programa de intervención individualizado atendiendo a las necesidades y las circunstancias del menor.
Para este tipo de delitos, la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor prevé medidas de internamiento en régimen cerrado de entre uno y cinco años y, posteriormente, una de libertad de vigilada de hasta tres años, según ha explicado la fiscal encargada de la cautelar, aunque el procedimiento lo instruirá su compañera en la Fiscalía de Menores.
VALORAR SI EL DE 13 PUEDE RETORNAR CON SU PADRE O CON OTRO FAMILIAR
Respecto al niño de 13 años, y al no tener responsabilidad penal, el ministerio público lo puso a disposición de la Entidad Pública de Protección del Menor del Gobierno de Cantabria y se encuentra residiendo en un centro de protección.
En este caso, los pasos a seguir arrancan en la Unidad de Valoración de la Subdirección de Infancia, que recaba información directa del menor, mediante una entrevista, y también a través de la 'familia extensa', para conocer sus circunstancias a nivel personal, familiar, educativo y social.
Después, la citada entidad acordará su traslado a la unidad o al recurso de protección que sea más adecuado para el chico, y continuará con su evaluación para valorar si ha de retornar con su padre o puede ser acogido por otro familiar.
"Esto no es una decisión que se adopte de un día para otro, requiere tiempo y valoración de todas las circunstancias, de todas las necesidades que presente ese menor y, en todo caso, la decisión que se adopte finalmente es teniendo en cuenta siempre el interés del menor y lo que sea más conveniente para él", explica la fiscal.
Para finalizar, aclara que la intervención del Ejecutivo en todo caso es supervisada por el ministerio público, en el marco de "un contacto directo para preservar siempre el interés del menor".
