La antigua secretaria municipal del Ayuntamiento de valle de Goñi ha reconocido este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra haber malversado una cantidad de 109.583,92 euros de las arcas municipales y ahora se enfrentará a una pena de entre un año y medio de cárcel que pide su defensa y de cuatro años de prisión que pide la acusación particular que ejerce el ente local. La Fiscalía reclama por su parte dos años de cárcel y una inhabilitación absoluta para ejercer un puesto de responsabilidad pública durante un periodo de siete años, que en el caso de la acusación particular se eleva a diez años.
El caso se iba a juzgar con jurado popular pero no ha sido necesaria su constitución debido al reconocimiento de hechos por parte de la procesada, que ha devuelto la cantidad que estafó del Ayuntamiento durante 13 años. Ahora, la discrepancia entre la Fiscalía y la defensa, por un lado, con la acusación particular por el otro estriba en la aplicación de una o dos atenuantes para la procesada y en qué grado.
El Ministerio Público opina que el comportamiento de la acusada es merecedor de que se le apliquen las atenuantes de reparación del daño, por haber devuelto el dinero en su integridad, y la confesión por haber colaborado en el esclarecimiento de los hechos. Por ello, al igual que la defensa, aboga por una pena que no le suponga el ingreso en prisión a la acusada y la defensa considera además que la pena de prisión que solicita la acusación particular es desproporciona ante el reconocimiento de los hechos.
Sin embargo, el Ayuntamiento entiende que en este caso se ha dado un quebranto total de la fidelidad del empleado público en su desempeño y que se ha producido de manera injustificada. Por ello, añade, no se puede aplicar una atenuante que le rebaje en dos grados la pena, porque está suponiendo un efecto doble dicha atenuación en la pena, es decir que se le rebaja tanto por lo que se le paga como por haber hecho el esfuerzo de pagar. El magistrado Fermín Zubiri decidirá en los próximos días la pena a imponer.
En el escrito común de reconocimiento de los hechos se recuerda que la mujer estuvo ejerciendo desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 23 de febrero de 2022 labores de secretaria interina del Ayuntamiento en cuestión. De esta forma, según la Fiscalía, “amparándose en esa condición funcionarial y con ánimo de enriquecerse ilícitamente, la acusada se apropió ilícitamente de un total de 101.338,48 euros, desde el año 2014 hasta el 15 de enero de 2022, por distintas vías”. En concreto, realizó “retiradas de efectivo de la cuenta bancaria del Ayuntamiento que no respondían al pago de deudas o cantidades debidas por el mismo”. En otras ocasiones, efectuó “retiradas de efectivo de la cuenta bancaria municipal, para realizar pagos en metálico que se soportaban en un certificado realizado por la acusada que acreditaba pagos por trabajos, servicios realizados para el Ayuntamiento o aportaciones de este a entidades, asociaciones o para la financiación de actos, no existiendo dichos trabajos, servicio y aportaciones, resultando que los certificados no se ajustaban a la realidad que mostraban”.
Retiradas, tarjetas y operaciones
También en otras ocasiones realizaba “gastos en establecimientos comerciales para la adquisición de bienes y servicios ajenos al Ayuntamiento, con cargo a la tarjeta de crédito personal de la denunciada, que, posteriormente, se compensaban con retiradas de efectivo desde la cuenta bancaria de titularidad municipal o con transferencias desde esta cuenta a la cuenta bancaria personal de la denunciada” e igualmente se dedicaba a crear “gastos injustificados, so pretexto de otros gastos legítimos del Ayuntamiento, bien duplicando tales gastos, bien por razón de servicios inexistentes”.
Otra de las prácticas irregulares que se ha detectado fue la “generación de gastos justificados con facturas a nombre del Ayuntamiento, por bienes o servicios no entregados o no prestados al Consistorio”, así como la “adquisición de bienes imputados injustificadamente por la denunciada como gasto propio de un establecimiento arrendado por el Ayuntamiento y apropiados por la denunciada”. Las cantidades así obtenidas ilícitamente por la denunciada fueron las siguientes: 773,52 euros en el año 2014; 6.287,79 euros en 2015; 6.417,80 euros en 2016; 12.977,43 euros en 2017; 15.351,04 euros en 2018; 16.502,82 euros en 2019; 20.587,67 euros en 2020 y 22.440,41 euros en 2021 y 2022.
Asimismo, según la Fiscalía, la acusada confeccionó documentos oficiales mendaces, en virtud de los cuales se generaron operaciones con IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) deducible, que se incluyeron indebidamente en las declaraciones del IVA del Ayuntamiento, por un importe total de 2.578,75 euros. La cantidad reclamada por el Ayuntamiento del valle de Goñi suma a 109.583,92 euros, ingresados en la cuenta del propio Ayuntamiento por parte de la procesada el día 29 de abril de 2022.
