Las solicitudes de Protección Internacional han pasado en Navarra de 574 en 2021 a las 2.171 del año pasado, según recoge el Informe Anual del Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), presentado este miércoles en el Parlamento de Navarra en la víspera del Día Mundial de las Personas Refugiadas.
El informe revela que España retrocede cuatro puntos en ese sentido y resuelve favorablemente apenas el 12% de las solicitudes, 30 puntos por debajo de la media europea (42%), cuya tasa de resolución ha mejorado tres puntos.
En este acto, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, se ha referido al Pacto sobre Migración y Asilo que, con el fin de aliviar la carga de los países europeos que más inmigrantes reciben, acaba de aprobar el Consejo de la UE, y lo ha hecho para clamar por una "humanización de las políticas de inmigración, algo en lo que el Gobierno de Navarra viene trabajando en los últimos años".
"Hay que terminar con la desconfianza hacia los que llegan. La apuesta debería ser por una integración efectiva y, de manera complementaria, por una verdadera cooperación al desarrollo en los países de origen. Hay que otorgar un mayor reconocimiento al papel de ciudades y regiones", ha indicado.
Hualde ha subrayado la pretensión de "evitar soluciones unilaterales para, introduciendo mecanismos de solidaridad en la atención de emergencias, avanzar hacia la corresponsabilidad en materia de acogida. No podemos deshumanizar a las personas, sean de donde sean".
El 70%, por la ruta canaria
Respecto a la situación en Gaza, Idoia Oneca, coordinadora en CEAR, ha recordado que hasta la fecha más de 1,7 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, siendo la mayoría de ellas ya refugiadas anteriormente. "Se están traspasando todas las líneas rojas del derecho internacional. Es necesario conseguir una paz justa y duradera que garantice el derecho al retorno", ha dicho.
En ese marco, Oneca ha afirmado que el 70% de las llegadas a España se concentraron en la ruta hacia Canarias (un total de 39.910 personas). "Este drástico repunte migratorio desencadenó una situación de emergencia humanitaria sin precedentes desde la llamada 'crisis de los cayucos' de 2006. En los primeros cinco meses de este año se ha mantenido el ritmo de las llegadas, especialmente de personas que proceden de Senegal", ha resaltado.
Desde CEAR se destaca que la respuesta estatal frente a la situación humanitaria fue rápida. Se activaron medidas extraordinarias como la declaración de emergencia y la apertura de nuevas plazas de acogida en la península, con la implementación de grandes Centros de Acogida de Emergencia (CAED).
Sin embargo, Oneca ha denunciado que, en términos de acogida, la respuesta no fue equiparable a la dada frente a la emergencia de Ucrania: "Las dificultades para obtener citas para iniciar el procedimiento protección, junto con las limitaciones en los tiempos de estancia en plazas de atención humanitaria, dejan a algunas personas en situación de desprotección y en riesgo de exclusión social".
En su informe, CEAR también analiza las consecuencias "devastadoras" que tendrá el reciente Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en el derecho de asilo, en el conjunto de los derechos humanos y en la vida de las personas. Un acuerdo que "refuerza el control de las fronteras y se centra en impedir que las personas lleguen, expulsándolas lo más rápido posible y sin apostar suficientemente por vías legales y seguras".
Así, CEAR hace un llamamiento a la ciudadanía y a organizaciones de la sociedad civil para que "exijan al Gobierno español que implemente el Pacto de forma garantista, con el objetivo minimizar los riesgos y garantizar los máximos estándares de protección". En ese sentido, se hace constar que el resultado de las elecciones europeas es "preocupante, porque refuerza a los partidos que amenazan gravemente el derecho de asilo".
