El Gobierno foral trabaja para salvar jurídicamente su Reglamento de Juegos y Apuestas

El Gobierno foral trabaja en justificar algunas de las medidas cuestionadas por elConsejo de Navarra sobre el contenido del proyecto de decreto foral relativo al Reglamento General de Juegos y Apuestas de la Comunidad Foral, si bien avala "el 95 %" del contenido, que busca proteger de posibles ludopatías a los menores y a las personas especialmente vulnerables.

Así lo ha señalado en comisión parlamentaria este martes la consejera de Interior, Amparo López, quien ha dicho que se trata de dotar de "seguridad jurídica" a esta nueva norma, en el que se conjugan los intereses económicos del sector y la "sensibilidad" del Gobierno foral hacia este ámbito empresarial con la necesaria vigilancia de la salud y la prevención que deben ejercer las instituciones.

López, que ha reconocido que el procedimiento "está siendo largo, muy tortuoso y complejo", ha acudido al Parlamento a instancias del PP tras conocer el informe del Consejo de Navarra sobre el proyecto de decreto foral, que advierte de falta de justificación en algunas medidas planteadas como los límites de horarios en los locales de juego.

"En este momento estamos analizando con el máximo detalle el dictamen. En un 95 % el texto está avalado, aunque hay varios puntos que exigen justificación", ha admitido una consejera que pretende sacar adelante una legislación "suficiente, analizada, con consenso, y que garantice la seguridad jurídica".

Para ello ha defendido que el reglamento propuesto es "importante y ambicioso, que aglutina 10 normas jurídicas" y que regula con diversas medidas la planificación, los locales, las máquinas, o el control efectivo de acceso a los salones de juego y casas de apuestas, todo ello "para regular y proteger el acceso de los menores y las personas vulnerables".

Ha recordado la trayectoria de este borrador, que ha sido sometido a participación y ha recibido medio centenar de alegaciones, con las que se ha elaborado el informe del Gobierno y posteriormente el proyecto en cuestión.

Protección de colectivos vulnerables y menores

En él, el Gobierno de defiende la necesidad de protección de colectivos vulnerables y menores y, con medidas que reduzcan los riesgos enfocadas a la educación y la sensibilización social. Así, ha señalado que los datos avalan el impacto que el juego tiene sobre la juventud y el incremento que ha tenido en navarra, donde en 2023 se gastaron 298,29 millones de euros, con una media de 540 euros por cada navarro mayor de 18 años, el 63 % en apuestas y el 8,3 % en bingos.

Hoy hay 3.279 autorizaciones de explotación de máquinas de juego en Navarra, donde constan 56 salones de juego, 6 locales de apuestas deportivas y 3 bingos. Además hay en vigor 156 autoprohibiciones de entrada en estos locales.

En cuanto a la ludopatía, ha señalado que el 69,6% de jugadores patológicos en España son varones, el inicio del juego está fijado en la edad de 15,1 años y las máquinas son la principal vía de iniciación en un hábito que llevado a la patología genera "problemas personales, familiares de salud y laborales".

Reacciones de los grupos

En el turno de los grupos, por el PP Irene Royo ha lamentado que la consejera no respondiera a las cuestiones planteadas, como las razones para determinar los horarios de los locales o el traslado de algunas máquinas de juego a las salas de bingo, al tiempo que ha pedido reflexión sobre el coste económico y laboral de algunas de las medidas.

Marta Álvarez (UPN) ha considerado que la dilación del departamento en este asunto se debe "a que sabe que no tiene el apoyo de los grupos", ha compartido su preocupación por la destrucción de empleo que pueden suponer algunas medidas y ha cuestionado la de los horarios de cierre al no ver relación con los riesgos de la ludopatía, todo lo cual insta a una "reflexión".

La portavoz del PSN, Inma Jurío, ha afirmado que "tenemos un decreto que creemos que es adecuado, que reúne normativa que estaba dispersa y tiene una finalidad muy concreta, que es la prevención de la ludopatía y de las consecuencias que puede tener en la salud de las personas, sobre todo mirando a menores y a colectivos vulnerables", y ha considerado que "el Gobierno de Navarra está intentando buscar la seguridad jurídica".

Por el resto de los grupos, Adolfo Araiz (EH Bildu) se ha sumado a pedir "más justificación" en algunas medidas propuestas, un elemento que el resto ha considerado que forma parte de la reflexión en la que la consejera López ha dicho que está inmerso el proceso.

Por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez ha compartido las visiones de los portavoces que le han precedido en el uso de la palabra y ha dicho que su grupo "quiere que se apruebe ya el reglamento, que se hagan las modificaciones necesarias, que se haga además resolviendo las complicaciones legales que recoge el dictamen y que se haga con el consenso del sector".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha planteado que "todos los grupos están pidiendo lo mismo, que es que el Gobierno analice lo que ha dicho el Consejo de Navarra, que analice el decreto y actúe dando la máxima seguridad jurídica posible y la contestación de la consejera es que lo están haciendo". "No hay mucho más que decir a la espera de que haya alguna novedad del departamento", ha indicado.

Por Vox, Emilio Jiménez ha considerado que la regulación en este terreno supone "intervencionismo" en la libertad de la ciudadanía navarra, aunque sí ha abogado por "formación, educación y apoyo a las familias" para prevenir ya atajar problemas de ludopatía.