Estos serán los requisitos para las nuevas universidades privadas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la tramitación urgente del real decreto con el que busca limitar la creación, el reconocimiento y la autorización de las universidades. Así, el Gobierno español prevé aprobarlo en mayo para que entre en vigor “lo antes posible”.

Según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la norma "no limita la aparición de universidades privadas, constitucionalmente reconocidas", sino que pretende asegurar que todos los nuevos centros, sean de titularidad pública o privada, presenten un programa docente e investigador "con la calidad suficiente y homologable al que ha caracterizado hasta el momento al sistema universitario español en su conjunto".

Requisitos

Las nuevas universidades deberán obtener dos informes: por un lado, una evaluación de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) o de las agencias autonómicas equivalentes y, por el otro, el de la Conferencia General de Política Universitaria que se exige actualmente.

Las universidades virtuales (con más del 80 % de su docencia bajo modelo virtual) serán consideradas universidades de especiales características, al tener su ámbito territorial de actuación todo el Estado. Por ello, solo podrán ser autorizadas con la aprobación de las Cortes Generales.

Asimismo, se exigirá una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio, así como tres programas de doctorado en vez de dos como hasta ahora, y será preciso que en la oferta de grados, máster y doctorado estén representadas tres de las cinco grandes ramas del conocimiento.

Además de la exigencia ya establecida en la anterior normativa de destinar el 5 % del presupuesto anual de la universidad a investigación, se añade el requisito de obtener recursos en convocatorias y contratos de investigación equivalentes al 2 % del presupuesto anual de la universidad.

También refuerza las garantías de solvencia económica del proyecto, ya que se requerirá un aval bancario, u otro instrumento legal similar, que demuestre fehacientemente la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sustentar el proyecto.

Con el nuevo real decreto, las universidades se comprometen a disponer de una capacidad mínima de plazas de alojamiento estudiantil equivalente al 10 % de las plazas de estudiantes ofrecidas; y se exigirá experiencia en gestión universitaria a sus promotores, y tendrán requisitos más estrictos en materia de investigación.