Las exmonjas de Belorado piden la recusación de la jueza en el caso de desahucio
Cuestionan su imparcialidad al entender que la magistrada "tiene un prejuicio que la inhabilita para tener suficiente imparcialidad"
Las exmonjas de Beloradohan solicitado la recusación de la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Briviesca en el caso de la demanda de desahucio, cuya vista oral está prevista para el 13 de mayo, al entender cuestionada su imparcialidad.
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El abogado Florentino Aláez ha explicado, a las puertas del Juzgado de Briviesca en el que hoy el arzobispo de Burgos ha declarado por la denuncia de coacciones, administración desleal y revelación de secretos, que entienden que la jueza "tiene un prejuicio que la inhabilita para tener suficiente imparcialidad".
Su afirmación se sustenta en que dispone de un conocimiento extraprocesal de la situación en la que se encuentran las exmonjas de Belorado, derivado de los procesos penales que instruye.
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En concreto, de la investigación abierta contra la exabadesa, Laura García de Viedma, y otras dos exreligiosas, por un delito de estafa indebida relacionado con la venta de oro el pasado enero, y por el que se obtuvieron 130.000 euros; y de la denuncia contra Iceta vista este miércoles.
La petición de recusación, que incluye también la causa derivada de una demanda civil interpuesta por las exmonjas el pasado julio por vulneración de sus derechos fundamentales, deberá ser resuelta por la Audiencia Provincial de Burgos, y que podría suponer la suspensión automática de ambos procesos.
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Enrique Molina, abogado del Arzobispado, ha indicado en una rueda de prensa tras vista judicial, que el motivo esgrimido por las exmonjas para la recusación no se contempla en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y lo ve como una "patada hacia adelante" para intentar ganar un mes más al procedimiento.
Iceta se defiende ante la "estrategia urdida" por las religiosas
Por su parte, el arzobispo, Mario Iceta, se ha defendido frente a lo que considera una "estrategia urdida" por las exreligiosas, y en su declaración ante la jueza ha desmentido los hechos "torticeros" en los que se fundamenta la denuncia por coacciones, administración desleal y revelación de secretos.
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Ha explicado que, como comisario pontificio nombrado por la Santa Sede, es el representante legal y administrador de los monasterios, labor que ha ejercido con "exquisito respeto", sin vulnerar la intimidad personal de las exclarisas ni limitar sus derechos, y sin el propósito de forzarlas a que abandonen los monasterios, que "están ocupando ilícitamente", ha apuntado.
Ha insistido en que, a través de la Federación de las Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, se han hecho cargo del sostenimiento de los monasterios, aportando 360.000 euros para pagar facturas, deudas, préstamos y las obligaciones laborales de los 11 trabajadores que había en Belorado.
También ha recordado que las exmonjas "tienen cómo ganarse la vida", y ha asegurado que están dispuestos a "llegar hasta el final", que tienen "paciencia infinita", y que el proceso se va a alargar "todo lo que ellas quieran".
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