El juzgado de Tudela ya tiene el atestado policial de Lázaro y citará al empresario amenazado

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Tudela, que se encuentra en funciones de guardia, ha recibido el atestado policial de la detención ocurrida en una notaría de la capital ribera sobre Ramón Lázaro Martínez, presidente del Tudelano.

Ahora, la titular del juzgado procederá a tramitar la causa en la que Lázaro figura como investigado por un delito de amenazas con arma blanca. El presidente de la entidad blanquilla negó sin embargo que ocurrieran dichas amenazas, ni ningún incidente de esa envergadura, y declaró que se trató de un intercambio vehemente de palabras y se presentó ante el público y la afición del club como víctima de una persecución policial.

Sin embargo, la realidad de la intervención policial es que se inicia con la llamada al 091, teléfono de la Policía Nacional, de uno de los empresarios valencianos reunidos con Lázaro. En dicha conversación dicho hombre manifiesta que está siendo amenazado con un cuchillo (aunque finalmente al llegar al propio despacho los agentes comprobaron que se trataba de un abrecartas). Como ya se relató ayer en este periódico, la Policía Nacional derivó la intervención a la Policía Local de la capital ribera, que lógicamente desconocía la identidad de los implicados.

Al principio la intención era denunciar los hechos

En el despacho notarial el empresario amenazado mostró su disposición a denunciar por lo que Lázaro fue detenido en ese momento y posteriormente trasladado a los calabozos de la Policía Foral. Sin embargo, dicha denuncia no se ha interpuesto todavía y no tiene visos de que se formalice, según los datos aportados por Lázaro, que afirmó tras salir en libertad que seguían en negociaciones para la compra del club ribero.

Ante dicha situación, la jueza citará en los próximos días al responsable de la empresa Edventure Deporte y Animación para que declare en calidad de testigo y decida si interpone finalmente denuncia.

Amenazas leves o graves y la exigencia de denuncia

Según fuentes consultadas, en caso de que el asunto se califique como un delito leve de amenazas, exigirá la denuncia de la persona agraviada o perjudicada, en este caso el empresario en cuestión que es quien fue el alertante.

En caso de que las amenazas sean graves, como se deduce a la vista del relato recogido, se trata de un delito que es perseguible de oficio aunque no se interponga denuncia. En tal caso, la Fiscalía o el juzgado instructor pueden pedir la continuidad de las diligencias en caso de que existan más indicios de la existencia de dichas amenazas, como podría ser la presencia de testigos que puedan arrojar algo de luz al respecto.