Aprobado en el Parlamento el dictamen de la Ley de vivienda asequible en Navarra, que contempla la adjudicación por sorteo de las VPO

En la comisión de este miércoles, se han incorporado las nueve enmiendas presentadas por los socios de Gobierno, que son quienes han impulsado esta nueva normativa, y se han rechazado las 36 que planteaba la oposición.

La principal enmienda introducida es la eliminación de uno de los puntos que los propios proponentes habían incluido en un principio: que quienes tuviesen bienes, derechos o activos financieros de más de 100.000 euros no podrían optar a subvenciones para la adquisición o la rehabilitación de VPO. De esta manera, los grupos enmiendan su planteamiento inicial y este supuesto quedará suprimido de la nueva ley.

Emergencia habitacional

En concreto, esta norma de vivienda asequible, impulsada por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, pretende dar respuesta a la situación de emergencia habitacional surgida en Navarra para tratar de favorecer el acceso ciudadano a la vivienda, en especial de los colectivos en riesgo de exclusión residencial.

Para diversificar las tenencias, fomentar la promoción y rehabilitación de viviendas y favorecer la colaboración público-privada, se introducen una serie de previsiones dirigidas, entre otros, a la revisión de los regímenes de calificación de las viviendas protegidas, de los procedimientos de adjudicación y de las figuras residenciales.

Por partes, se propugna la desaparición del régimen de arrendamiento con opción de compra y la incorporación de la fórmula del arrendamiento asequible, así como del estatuto de propiedad, cuya titularidad ahora podrá ser plena o en derecho de superficie.

En cuanto a los procedimientos de adjudicación, se sustituye el sistema de baremación en los procesos de acceso a viviendas en régimen de arrendamiento y arrendamiento asequible, por el método de sorteo, en el caso de reservas generales destinadas a determinados grupos de población. Para el resto, tendrán preferencia las personas empadronadas en el municipio donde se ubique la promoción, cuya edad sea igual o inferior a 35 años o igual o superior a 60.

Por otra parte, se introducen nuevas figuras residenciales, como los alojamientos dotacionales, configurados como equipamientos comunitarios de titularidad pública orientados a atender, de forma rotatoria, situaciones específicas de dificultad en el acceso a un hospedaje digno por parte de determinados colectivos sociales.

Refuerzo del parque público de vivienda

En relación con el refuerzo del parque público de vivienda, se defiende la ampliación de funciones del Banco Foral de Suelo Público, al que se habilita para poder destinar los bienes que lo integran a alojamientos dotacionales, además de a vivienda protegida.

Y cuya promoción se faculta, mediante la adjudicación del derecho de superficie por el sector público, sociedades de capital mixto dedicadas a la gestión de viviendas protegidas, cooperativas de viviendas o entidades del tercer sector.

Del mismo modo, se contempla la creación y regulación del nuevo Registro de Grandes Tenedores de Vivienda, un ente de naturaleza administrativa que, adscrito al Departamento competente por razón de la materia, se encargará del control y seguimiento de los multi propietarios.

Aprobadas 9 enmiendas, ninguna de las 36 de la oposición

En el transcurso del debate efectuado en Comisión se han debatido 43 enmiendas, de la que se han aprobado 9, todas suscritas por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. El resto, 21 del PPN y 15 de UPN, han decaído con la oposición de los grupos que dan respaldo parlamentario al Gobierno.

Entre las modificaciones introducidas en el dictamen destaca la supresión del límite de 100.000 euros (entre bienes, derechos y activos financieros) establecido inicialmente como barrera para el acceso a subvenciones por adquisición o arrendamiento de vivienda protegida y por rehabilitación protegida.

Otro de los cambios hace referencia a los requisitos generales de acceso a viviendas protegidas, de donde se suprime toda alusión a los ingresos generados por las transmisiones de viviendas en los últimos cinco años, de modo que, con independencia del beneficio obtenido (en el texto original se hablaba de ingresos superiores a 100.000 euros), se excluye del acceso a vivienda protegida a todas las personas que hayan vendido algún inmueble en ese período.

Respecto al sistema de adjudicación, se hace constar que las personas que accedan a las viviendas protegidas en régimen de arrendamiento y arrendamiento asequible incluidas dentro de las reservas especiales, no podrán participar en el proceso de selección que se configure para la asignación de viviendas incluidas dentro de las reservas generales.

Por otra parte, se añade una nueva reserva en el marco de lo previsto para la adjudicación de viviendas protegidas en régimen de propiedad plena o en derecho de superficie, en este caso para las familias numerosas de categoría especial (5 o más hijos), para las que se guarda el 2% de las promociones de 50 o más inmuebles, en régimen de arrendamiento y arrendamiento asequible.

Continuando con las reservas especiales en régimen de alquiler y alquiler asequible, se agrega la nueva categoría de víctimas del terrorismo (3%), para la que se retiene el 3% de las viviendas de este tipo.

El procedimiento de adjudicación por cambio de vivienda protegida inadecuada también ha sido objeto de matización, para hacer constar que se establecerán reglamentariamente las condiciones necesarias para tener derecho a una vivienda protegida de mayor tamaño, pudiéndose contemplar "excepciones o adaptaciones para unidades de convivencia específicas o situaciones de especial vulnerabilidad".

Todas estas modificaciones han sido aprobadas con los votos a favor de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin y el voto en contra del Grupo Mixto.