Las viviendas protegidas de alquiler en Navarra van a pasar a adjudicarse por sorteo y no por medio del baremo como venía haciéndose hasta ahora, tal y como se refleja en la proposición de ley que los socios de Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y EH Bildu han registrado en el Parlamento foral y que tiene como principal propósito crear nuevas fórmulas de acceso a las VPO para incluir a muchos solicitantes que hasta ahora se estaban quedando fuera de la adjudicación.
Según se recoge en el documento presentado por los grupos –que cuentan con mayoría en la Cámara para sacar la iniciativa adelante–, el actual sistema de baremación va a ser sustituido por un sorteo como vía para adjudicar a partir de ahora las viviendas protegidas de alquiler que estén incluidas en las reservas generales, primando a las personas empadronadas en el municipio de ubicación de la promoción que sean menores de 35 años o mayores de 60 años.
De esta manera, la modificación legislativa contempla dos tipos de reservas de VPO: las especiales –destinadas a personas con necesidades de viviendas de integración social, con discapacidad, familias numerosas y víctimas de violencia de género–, que seguirán adjudicándose por medio del baremo y que supondrán el 20% del número de viviendas de cada promoción; y las generales, que suponen el 80% y que serán adjudicadas por sorteo público, de forma telemática y ante notario
El 40% para empadronados desde hace más de dos años
De ese 80%, la mitad se reservarán para personas de menos de 35 años o de más de 60 y, a su vez, el 40% estas se asignarán a empadronados con residencia ininterrumpida con al menos dos años de antigüedad en el municipio en el que se ubique la promoción. La otra mitad estarán destinadas al resto de solicitantes que no estén en esas dos franjas de edad y también el 40% de ellas se asignarán a empadronados con al menos dos años de antigüedad en el municipio de la promoción.
El principal motivo de este cambio normativo es que mediante el sistema de baremación –por el que se otorgan puntos en función de variables socioeconómicas– hay muchos solicitantes de alquiler protegido con cierto poder adquisitivo que no resultan adjudicatarios. Esta situación, tal y como se recoge en el preámbulo de la proposición de ley, hace preciso que se propicien fórmulas de acceso a la vivienda “más igualitarias” y que garanticen “una diversificación de tenencias suficiente para dar respuesta a las necesidades de la población”.
Se elimina el alquiler con opción a compra
En ese objetivo, el cambio normativo también incluye la desaparición del régimen de alquiler con opción de compra y crea la nueva figura de “arrendamiento asequible”. También se buscará fomentar la utilización de fórmulas de colaboración público-privadas, reforzar el parque público de vivienda, con la ampliación de funciones del Banco Foral de Suelo Público y se creará y regulará el nuevo Registro de Grandes Tenedoras de Vivienda.
En concreto, el “régimen de arrendamiento asequible” es una figura que estará a medio camino entre el mercado libre y las actuales VPO y VPT. Así, tal y como se refleja en el documento elaborado por los cuatro partidos, las viviendas de protección oficial se calificarán de la siguiente forma: en régimen de propiedad –cuya titularidad podrá ser plena o en derecho de superficie–; en régimen de arrendamiento; en régimen de arrendamiento asequible; y en régimen de cesión de uso.
La idea de incluir esta nueva figura es ofrecer una mayor diversidad de oferta en función de los ingresos de los solicitantes. Así, para optar a una vivienda protegida, además de los requisitos generales, los demandantes deberán tener unos ingresos familiares ponderados inferiores a 2,5 veces el índice SARA (Indicador Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada) cuando se trate de viviendas en régimen de arrendamiento.
8,25 euros al mes por metro cuadrado
Y para acceder a una vivienda de alquiler asequible se deberá tener unos ingresos familiares ponderados superiores a 2,5 veces e inferiores a 4,5 veces SARA. Además, a todos los solicitantes se les exige tener unos ingresos mínimos superiores a 19.000 euros en régimen de propiedad, para alquiler asequible y para cesión de uso, y de 5.000 euros en régimen de arrendamiento. En cuanto al precio de las viviendas que se califiquen en el nuevo régimen de alquiler asequible, el valor máximo se fija en los 8,25 euros mensuales por m2, 72,47 euros por plaza de garaje y 2,41 €/m2 para el trastero.
