Las fuerzas que sustentan el Gobierno foral van a cambiar el baremo de VPO en alquiler para discriminar de forma positiva a aquellos segmentos de población que no consiguen una renta asequible. Personas que lleven más de dos años empadronadas, jóvenes menores de 35 años y mayores de 60. Las VPO que se hacen (en alquiler todas) son pocas, insuficientes, pero el baremo actual expulsa a algunos grupos.

Los que tienen tramos de ingresos bajos, peores viviendas y también más hijos, lo tienen más fácil. Y hay una realidad de la que apenas se habla: se están creando guetos sociales. Personas que necesitan muchas veces de apoyo de los servicios sociales para su integración terminan conviviendo (ellas y sus hijos) con sus iguales, del mismo origen social o étnico.

A su vez, muchas personas jóvenes de nuestros barrios y pueblos -también hijos de migrantes- se quedan fuera. Les mantiene la familia o retrasan su apuesta de vida compartiendo piso con amigos. Como hay mayores que viven solos y necesitan cambiar de vivienda y no pueden hacerlo en su pueblo. Cuando han pasado diez años desde que el Gobierno foral apostó por la vivienda pública en alquiler -ya no hace en compra- tocaba revisión.

Habrá quién piense que quien cobra 3.000 euros tiene más derecho que el percibe 37.000 brutos. Tenemos mayor peso migratorio desde que se hizo la ley en 2010 pero la situación de emergencia habitacional ha ido a más. El mercado no está al alcance de muchos. Un debate social que por otro lado se ha intensificado cuando las VPO han llegado a los nuevos barrios de la ciudad. Y, más que por el reparto de la miseria (VPO), porque genera roces.