Condenan a la aseguradora de un anestesista a pagar 1,2 millones por provocar una discapacidad del 90% a un niño en una resonancia

La aseguradora de un anestesista deberá pagar más de 1,2 millones a la familia de un niño de 15 meses que quedó con una discapacidad del 90 por ciento tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante una resonancia magnética bajo sedación en una clínica de radiodiagnóstico de Valladolid, según ha sentenciado el Tribunal Supremo, que castiga la dilación de la aseguradora en el pago.

El caso, que ha llevado en nombre de la familia la Asociación del Defensor del Paciente, que ha recordado que fue en diciembre de 2012 cuando el menor sufrió los daños, ya que pese a constar alergias alimentarias (huevo, leche de vaca frutos secos y marisco), se le administró un anestésico que contenía lecitina de huevo, "sin realizar un estudio preanestésico completo, sin la monitorización ni el registro anestésico adecuados y con retraso en la asistencia urgente".

Quedó con una discapacidad del 90 %

El niño quedó con una discapacidad del 90 %, lo que llevó al Juzgado de Primera Instancia nº91 de Madrid a declarar la responsabilidad civil directa de la aseguradora A.M.A., condenándola a pagar 600.000 euros más los intereses del art. 20 LCS desde la fecha del siniestro (5 de diciembre de 2012).

Recurrida la sentencia por la Aseguradora, la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la condena, pero modificó el dies a quo de los intereses, fijándolo en el 17 de abril de 2017, lo que redujo drásticamente el importe total de los intereses acumulados.

Con ello, "la Audiencia Provincial impuso a los padres la carga (imposible) de probar desde qué fecha la aseguradora del médico era conocedora de los hechos que motivaron la demanda. Como si de ellos dependiera dar parte del siniestro a la aseguradora de la responsabilidad que el propio médico ha contratado", han sostenido desde la Asociación.

Los progenitores, a través de su letrado, interpusieron entonces recurso de casación por infracción procesal ante el Tribunal Supremo, cuestionando dicha modificación, y la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso, declarando que es la aseguradora, y no los perjudicados, quien soporta la carga de acreditar su desconocimiento del siniestro, lo cual en este caso no ocurrió.

La Sala subraya que, al tratarse de un supuesto de daño desproporcionado, era exigible al asegurador un especial deber de diligencia, por lo que no resulta creíble que ignorara un siniestro de tal gravedad.

En consecuencia, el Tribunal Supremo revoca parcialmente la sentencia de apelación y confirma la condena con intereses desde el 5 de diciembre de 2012.

"No basta con pagar tarde: el retraso injustificado acarrea consecuencias económicas contundentes"

"Esta sentencia del Tribunal Supremo supone un espaldarazo decisivo a la protección de los pacientes y a la responsabilidad de las aseguradoras. Se reconoce que no basta con pagar tarde: el retraso injustificado acarrea consecuencias económicas contundentes", ha trasladado el letrado de la asociación que ha llevado el caso, Santiago Díez.

"No solo se ha hecho justicia con la familia afectada, en una lucha continua para que los responsables pagaran por la negligencia cometida con su hijo, sino que se ha sentado un precedente que servirá para impedir que las aseguradoras utilicen tácticas dilatorias en perjuicio de las víctimas", ha concluido.

Para la presidenta de la asociación, Carmen Flores, esa cuantía de más de 1,2 millones tiene "especial importancia si se tienen en cuenta las enormes necesidades de atención médica, rehabilitación, apoyos técnicos y cuidados permanentes que requiere un niño con una discapacidad del 90 %".

"Esta resolución judicial supone no solo un respiro económico para la familia, sino también un mensaje de esperanza y justicia para tantas personas que atraviesan situaciones similares, obligadas a asumir una sobrecarga económica inmensa derivada de las secuelas graves de una negligencia médica", ha reflexionado Flores.