Cargas policiales en Burlada en un desahucio que deja a una familia con dos menores en la calle
La intervención policial para ejecutar el desalojo ha generado enfrentamientos con activistas y vecinos / Colectivos sociales exigen soluciones habitacionales urgentes
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Un nuevo desahucio se ha consumado este jueves a primera hora en la calle San Francisco de Burlada, dejando a una familia con dos menores sin hogar. Según Haritu Elkarlaguntza Sarea, la familia había sido víctima de un fraude al alquilar una habitación, y el propietario reclamó la vivienda, dejando a la familia sin alternativa debido a los elevados precios del mercado.
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La protesta de vecinos y colectivos sociales, como la PAH de Berriozar y el Kontseilu Sozialista de Iruñerria, ha sido reprimida por la Policía Nacional, según se aprecia en varios vídeos difundidos por redes sociales. Al menos tres de los manifestantes han sido identificados por los agentes. No se ha informado de detenciones en la protesta. Los grupos convocantes, que han reunido en el lugar a cerca de un centenar de personas, han tachado de "inaceptable" que una familia quede en la calle en una sociedad con recursos suficientes.
El desahucio ha culminado alrededor de las 10:30, y posteriormente un grupo de personas se ha dirigido al Ayuntamiento de Burlada, ingresando en sus dependencias en señal de protesta. Los servicios sociales han mantenido varias reuniones con la familia afectada. "Por ahora, no tienen opciones de vivienda; solo sabemos que hoy les ofrecerán una habitación en un hotel".
La respuesta del Ayuntamiento de Burlada
Fuentes del Ayuntamiento de Burlada informaron de que, pese a tratarse de un litigio entre particulares, el consistorio ha realizado todas las gestiones posibles para evitar el desahucio. Burlada dispone de un parque municipal formado por 53 viviendas y 8 apartamentos tutelados, aunque en la actualidad no cuenta con disponibilidad en ninguno de ellos.
Para hacer frente a esta situación, el Ayuntamiento —a través de los servicios sociales básicos— ha intervenido desde enero de 2024. En una primera fase, se ha trabajado en garantizar unos ingresos mínimos que permitan cubrir las necesidades básicas de la familia afectada, además de implementar medidas orientadas al bienestar y la educación de los menores, según explicaron las mismas fuentes.
Asimismo, se ha elaborado un informe de vulnerabilidad que había permitido aplazar el desahucio, con el objetivo de ganar tiempo y facilitar la búsqueda de soluciones. Durante este proceso, el equipo de gobierno ha mantenido diversas reuniones con la familia, los colectivos sociales que la acompañan y el propietario de la vivienda, con la participación activa de los servicios sociales municipales.
Para esta tarde, los colectivos han convocado una concentración ante el Ayuntamiento a las 18:30 para exigir soluciones habitacionales inmediatas.
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