El plante del consejero de Salud, Alberto Martínez, al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por la falta de respuestas por parte del Ministerio a las demandas de Osakidetza ha sido un visto y no visto. Exactamente, ha durado una sola reunión. La del pasado día 8 de octubre, después de la que la ministra Mónica García (Sumar) rechazó la posibilidad de considerar el euskera como un mérito más en el examen MIR, lo que obstaculiza el arraigo de los profesionales que han estudiando en la Universidad del País Vasco y han acabado su residencia en centros de Osakidetza.
El titular vasco de la cartera de Salud volvió este viernes a la mesa del órgano de intercomunicación de los servicios de salud de las comunidades autónomas con la administración del Estado. La razón de este viraje se explica porque el Ministerio de Sanidad ha reculado, al contemplar la revisión de los saldos computados a Euskadi por los gastos sanitarios y farmacológicos que generan los ciudadanos vascos desplazados a otras comunidades.
De un total de 312 millones de euros que aportó todo el Estado en el periodo 2012 y 2022, Euskadi abonó 169 millones al Sistema de Información del Fondo de Cohesión Sanitaria (SIFCO), lo que equivale a que un 5% de la población asuma el 60% de la factura total. Dicho de una forma aun más gráfica, el Gobierno vasco ha desembolsado la última década más que 13 comunidades juntas. En opinión del consejero vasco, la forma en la que se calculan esos costes es “errónea” y “abusiva” que solo persigue un afán “confiscatorio”.
El último capítulo en este desencuentro ha sido la decisión del Departamento de Salud de suspender el pago de los 51 millones de euros correspondientes a los gastos derivados de la atención sanitaria que recibió la población vasca en otras CCAA a lo largo de 2023 y 2024, hasta que no se revise el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA). Este fondo se creó en 2012 y no ha tenido un desarrollo normativo pese a que en 2017 el Tribunal de Cuentas instase al Ministerio a hacerlo.
LA FACTURA
¿Qué es el SIFCO y cómo funciona?
l El Sistema de Información del Fondo de Cohesión Sanitaria (SIFCO) es un sistema creado para coordinar la asistencia sanitaria entre comunidades autónomas.
l Su objetivo principal es registrar y gestionar los costes cuando un paciente de una CCAA recibe atención médica en otra.
l Se utiliza para derivaciones de pacientes que requieren tratamientos o pruebas no disponibles en su hospital de origen.
¿De dónde provienen los datos de gasto y por qué no son públicos?
l Financiación General. El gasto sanitario total se financia con impuestos generales recaudados por el Estado y luego se distribuye entre las CCAA según varios criterios.
l Gestión Interna. El SIFCO registra los flujos de pacientes y los gastos asociados a estas derivaciones para que la CCAA de origen compense a la CCAA que ha prestado la atención.
l Datos Agregados. Aunque el sistema registra estos datos, la publicación de los gastos detallados y liquidados a través del SIFCO por cada comunidad autónoma no es un dato que se difunda de forma masiva y fácil de encontrar como sí lo son los presupuestos sanitarios generales o el gasto per cápita. La información más accesible suelen ser los presupuestos sanitarios anuales por CCAA o el gasto per cápita, que sí son públicos.
¿Cómo es la aportación de Euskadi al SIFCO?
Es principalmente financiera, asumiendo una parte sustancial de los costes de compensación interterritorial, y operativa, a través de la gestión de derivaciones sanitarias y la participación de sus profesionales en la provisión de servicios de alto nivel como los trasplantes. Sin embargo, Euskadi ha manifestado un malestar significativo por considerar que el sistema actual de financiación es “confiscatorio” y no valora adecuadamente su contribución y las especificidades de su sistema sanitario. En el periodo 2012-2022, el Gobierno vasco aportó 169 millones de euros, el 60% de la factura del Estado a pesar de que representa el 5% de la población.
Según ha podido saber este periódico, la razón del viaje del consejero Martínez y su equipo hasta Zaragoza –el emplazamiento elegido para celebrar la interterritorial– es que el Ministerio aceptó retirar del orden del día el punto relativo a la liquidación del FOGA. Antes de la sectorial, Alberto Martínez y el viceconsejero de Gobernanza y Sostenibilidad sanitarias, Aritz Uriarte, mantuvieron un encuentro privado con la ministra Mónica García y el Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Según fuentes de Salud, en este encuentro se acordó un marco de trabajo para analizar el funcionamiento del sistema, contrastar el funcionamiento del conjunto de las comunidades autónomas, y en función de este análisis, revisar los aspectos del sistema que puedan generar alguna distorsión.
Primera reunión bilateral
Este trabajo se intensificará con una primera reunión bilateral entre el Ministerio y el Gobierno vasco la próxima semana. Por otro lado, se convocará la Comisión extraordinaria de Seguimiento del Fondo de Cohesión en el que participarán todas las CCAA a finales de noviembre. En estos encuentros, ambas analizarán varios aspectos, como la posibilidad de establecer un módulo específico en el sistema SIFCO donde se registren los flujos económicos entre comunidades autónomas limítrofes que disponen de convenios de colaboración. Esto significa que Euskadi podría comenzar a facturar a Cantabria, La Rioja, Nafarroa y Castilla León las asistencias médicas dentro y fuera de convenio que realiza Osakidetza y no cobra aunque que éstas, al parecer, sí le estarían cobrando al Gobierno vasco.
En este sentido el consejero dijo: “La próxima semana hay una reunión operativa del equipo técnico entre miembros del Ministerio y miembros del Gobierno vasco, una reunión bilateral y técnica donde se va a analizar y mejorar el sistema, contrastar con todos los que tienen otras comunidades autónomas y si fuera el caso, revisar el sistema”. De aquí, añadió, “se elevará el análisis a una comisión de seguimiento que habrá el 24 de noviembre, una convocatoria monográfica de una comisión de seguimiento del Fondo de Cohesión donde estableceríamos la posibilidad de facturar a las comunidades con las que tenemos acuerdos vía convenio”. Asimismo, se trabajará en el desarrollo normativo que regule el funcionamiento del FOGA. Y como resultado del análisis técnico del sistema, el Ministerio valorará la posibilidad de revisar la liquidación correspondiente a los años 2023 y 2024. Es decir, la factura de 51 millones de euros paralizada por el Departamento de Salud.
Espantada del PP
Tras en encuentro con la ministra, el consejero se volvió a sentar en la mesa del Consejo Interterritorial, de la que se levantaron todos los consejeros de las comunidades gobernadas por el Partido Popular en protesta por “la instrumentalización política” que, a su juicio, está haciendo Mónica García del escándalo de los cribados de mama en Andalucía. Pese a la espantada popular, el consejero vasco de Salud calificó de “fructífera” la reunión. Como muestra de la recuperación de la sintonía entre las partes, el Departamento publicó en Irekia una fotografía de Martínez y García en la interterritorial.
Preguntado por la espantada protagonizada por los populares, el consejero aseguró que fue “una reunión muy positiva”. Martínez afirmó que la reunión siguió “con normalidad” en la parte informativa, no así la que requería una aprobación por votación. Según añadió, las interterritoriales en las que ha participado “han funcionado siempre muy bien y ha habido muchos acuerdos”.
