La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado de conformidad al que fuera interventor del Ayuntamiento de Irurtzun desde 2001 hasta 2022 por un delito de malversacion de caudales públicos al anticiparse dinero durante años de las arcas públicas, fondos que luego reponía. El acusado, que no tiene antecedentes penales, es condenado a 21 meses de prisión, que no tendrá que cumplir a condición de que no cometa un nuevo delito en dos años. También se le imponen un año de inhabilitación para cargo o empleo público durante un año a cumplir desde el despido disciplinario que sufrió. Con la conformidad pactada, el procesado ha evitado el juicio con jurado popular al que tenía que enfrentarse y que ya no se celebrará.
Dicho funcionario municipal, aprovechándose de que sólo él tenía firma autorizada para poder disponer en la mayoría de las cuentas que tenía dicho Ayuntamiento en diversas entidades bancarias, procedió al menos desde el año 2017 y hasta septiembre de 2022, a realizar diversas extracciones de dinero de las cuentas del Ayuntamiento para su uso particular, sin autorización del Alcalde, si bien al tiempo ingresaba en dichas cuentas el dinero del que había dispuesto. Se hizo tres anticipos de nómina, pero al margen de esas tres ocasiones, el acusado ha realizado un gran número de extracciones de las cuentas municipales para su uso particular, sin autorización de ningún tipo, dándole por tanto al dinero público un uso no previsto, si bien, como se ha indicado, posteriormente, según sus necesidades y situación económica, las reintegraba a esas mismas cuentas, pero sin ni siquiera avisar a la asesoría laboral que elaboraba las nóminas para que se reflejaran al menos como anticipos de nómina, dificultando así cualquier control sobre esas extracciones, que pasaron totalmente inadvertidas para el Ayuntamiento hasta que se inició en el segundo semestre de 2022 una auditoria al Ayuntamiento por parte de la Cámara de Comptos.
Un total de 30.955,24 euros
La cantidad total del dinero que el acusado ha ido extrayendo de las cuentas el Ayuntamiento entre 2017 y 2022 para su uso particular y sin autorización debida, aunque al poco tiempo las devolvía ingresándolas en las cuentas del Ayuntamiento, y que se ha podido obtener de los movimientos bancarios, asciende a un total de 30.955,24 €. De ellos devolvió al Ayuntamiento descontándoselo de sus nóminas 25.166 € y luego hizo transferencias por 9.200 euros para devoluciones. Al procesado le aplican la atenuante de dilaciones indebidas por el retraso acumulado en que se instruyera y juzgara la causa.