El Canon 128 del Derecho Canónico establece la obligación de reparar el daño causado ilegítimamente a otro, siendo un principio fundamental de justicia restaurativa dentro de la Iglesia. Hasta el momento, dicho puntal de la reparación de víctimas de pederastia en la Iglesia católica apenas era asumido por los responsables de la Conferencia Episcopal o por las propias órdenes religiosas. En caso de hacerlo, solía ser a cambio de un pacto de silencio. Hasta que hace algunos años se empezaron a resquebrajar los puntales de tales actuaciones ignominiosas por parte de las distintas diócesis y congregaciones. En dicho recorrido hacia la reparación integral, la Comunidad Foral abanderó con una pionera ley el derecho al reconocimiento de las víctimas.
Ayer, el Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos acordaron crear una definitiva vía de reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial, las cuales se tramitarán a través del Defensor del Pueblo, cuyo coste asumirá la Iglesia. En 2024 la Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no tienen recorrido legal, bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario. Sin embargo, muchas víctimas no quieren acudir a una comisión creada por la Iglesia, ante lo que el Gobierno propuso la creación de un sistema mixto Iglesia-Estado que la Conferencia Episcopal aceptó el pasado noviembre.
En Navarra, donde el número de denuncias que han trascendido suman las 80 y donde una docena de ellas ya han sido indemnizadas a través de Priva (cuatro de ellas del colegio diocesano El Puy de Estella y que fueron las primeras resarcidas por el propio Arzobispado), incluso se podrán reevaluar los pagos efectuados a través de este mecanismo si se considera que no es ajustado.
La nueva reparación prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima. Las reparaciones económicas estarán exentas del impuesto sobre la Renta.
Acuerdo histórico y deuda moral
El ministro Bolaños habló de acuerdo “histórico” y aseguró que el acuerdo salda una “deuda moral” después de décadas de “silencio y dolor”. “Hoy podemos decir que la democracia cumple con las víctimas”. Prometió que el Estado “no abonará un céntimo” de las indemnizaciones. Las víctimas demandan ahora más certezas. Entienden que es poco tiempo el que tienen para denunciar (un año, ampliable a dos), que no se fija un baremo de indemnización y que no se sabe de qué manera van a participar en el proceso o si por ejemplo se va a poder indemnizar a familiares de víctimas ya fallecidas. Pero por fin ven la luz en un proceso que durante años ha rayado lo miserable. Ahora, dicen, “no hay dinero para pagar por lo que hicieron, pero al menos sentiremos que lo pagan de una vez por todas”, declara Jesús Zudaire, presidente de la Asociación de Víctimas de Abusos en Navarra y que sufrió abusos en los años 60 de abusos en el colegio El Puy de Estella por parte del primer director.
