El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado, con los votos en contra de Navarra Suma y los aplausos de un grupo de afectados, la pionera Ley Foral de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de Iglesia católica, con la que se busca reconocer y reparar moralmente a decenas de casos prescritos ya para la justicia ordinaria. Al debate ha acudido un grupo de víctimas, que, en el turno de intervención de Navarra Suma, se han colocado unas máscaras de esquimal, en protesta por unas palabras de Navarra Suma en comisión, en las que señaló que la ley debería reconocer a todas las víctimas sin diferenciar ámbitos y citó por ejemplo abusos entre esquimales. El presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, les ha pedido que se quitaran las máscaras y se las han retirado.
La Ley impulsada por PSN, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e I-E pretende articular un procedimiento que posibilite el "ejercicio del derecho al reconocimiento" de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica de Navarra para, "con carácter subsidiario frente a cualquier actuación de carácter penal o sancionador, incorporar a la memoria colectiva una realidad oculta e ignorada por la mayoría de la sociedad".
En concreto, se instituye un proceso dirigido al otorgamiento de un estatuto especial que, a modo de reconocimiento y reparación a nivel institucional y social, contribuya a resignificar todos los hechos y actuaciones sometidos a la "apología del olvido, a las diversas formas de revisionismo y negacionismo" empleadas para "justificar y/o negar la existencia de abusos sexuales a menores cometidos por miembros de la Iglesia católica".
Así, y de conformidad con los estándares internacionales de atención a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, se traslada a la Administración Foral la "responsabilidad institucional, política y social" derivada del "olvido forzado, de las equidistancias y encubrimientos que ahora se intentan combatir".
Para paliar las "injusticias estructurales" asociadas a la "impunidad o indulgencia con los victimarios", se formaliza un procedimiento para documentar "con el máximo rigor y de manera individualizada" las solicitudes cursadas a la Comisión de Reconocimiento, órgano colegiado independiente encargado de valorar las peticiones de declaración de la condición de víctima de abusos "en contextos en los que la Iglesia tenía una posición garante".
Esta Comisión estará compuesta por nueve miembros designados para un período de seis años, cuatro de ellos con experiencia en materia de víctimas y competencia profesional en áreas de conocimiento histórico, jurídico y psicológico.
Dos representantes más lo serán a instancias de la Iglesia católica y otros dos a iniciativa de las asociaciones de víctimas sexuales.
En lo que atañe al procedimiento para el reconocimiento de la condición de víctima, se garantiza un mecanismo ágil de iniciación que, desde el respeto a la jurisdicción penal, exclusiva de jueces y tribunales, se circunscribe a una solicitud acompañada de los documentos o informes que se consideren oportunos.
En el plazo máximo de un mes la Comisión deberá decidir motivadamente la admisión o inadmisión del requerimiento. Una vez admitida, la Comisión podrá llevar a cabo cuantas actuaciones estime precisas para el mejor esclarecimiento de los hechos a verificar.
Cada solicitud dará lugar a un informe motivado que, en no más de nueve meses desde su recepción, la Comisión elevará al titular del Departamento de Justicia, quien en tres meses dictará resolución sobre el reconocimiento del estatus de víctima.
En ese terreno se sitúa también la promoción de los mecanismos de justicia restaurativa, una nueva concepción de corte retributivo que busca la "restitución, indemnización y rehabilitación" de la víctima a partir del suministro de "información útil para reaccionar y recuperarse de los daños sufridos".
Entre los documentos que, por su entidad, se han tenido en cuenta para la redacción de la proposición de Ley se cita el Informe sobre la estructura y dimensión de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica en Navarra, un trabajo elaborado por la UPNA a instancias del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia en el que se identifican a 52 víctimas y 31 presuntos victimarios.
En defensa de esta ley "integral progresista y pionera", la socialista Virginia Magdaleno ha sido muy crítica con los "pasos decepcionantes" dados por la Iglesia en este ámbito de "dolor, soledad e incomprensión" para las víctimas, y sobre todo con la actitud de NA+, que "no ha querido participar y se ha puesto de lado" a la hora de consensuar esta norma, que deja "claro el compromiso" del Gobierno de Navarra y del resto de grupos.
Por Geroa Bai, Blanca Regúlez ha reiterado la "necesidad" de esta ley y el "compromiso" de su grupo con estas víctimas, a las que el Parlamento ahora "les brinda la justicia que merecen" en forma de "reconocimiento moral, público y social" a ellas y de condena "sin paliativos" a los victimarios, al tiempo que ha considerado que ahora la Iglesia tiene "una oportunidad" de dar pasos en su favor participando en la comisión que se creará al amparo de la ley.
La portavoz de EH Bildu, Arantxa Izurdiaga, ha valorado una ley que "conlleva la reparación simbólica" a las víctimas, a quienes "da voz" para poder escuchar la verdad de unos hechos que ya no son enjuiciables por la justicia tradicional porque están en su mayoría prescritos, aunque ha reconocido que "el mayor déficit" de esta ley es que no contempla la reparación económica "porque no podemos imponerla a la Iglesia Católica".
Mikel Buil (Podemos) ha sido contundente al denominar a esta como "una ley contra el silencio" y con una función reparadora, un ámbito en el que Navarra es "pionera", ha dicho para lamentar el "ejercicio de cinismo y autoprotección" ejercido por la Iglesia navarra sobre lo ocurrido en "17 centros educativos, 12 municipios, 10 congregaciones y con el arzobispo de Pamplona y Tudela implicado en el asunto" por su actitud silente.
La parlamentaria de I-E Marisa De Simón ha reconocido que "esta ley no va a ser una goma de borrar pero sí tiene un valor sanador" porque supone reconocer desde el ámbito político que esos hechos ocurrieron y que además "abre la puerta para el esclarecimiento de los hechos", todo ello "respetando la voluntad de las víctimas y su derecho a la intimidad".
Por Navarra Suma Iñaki Iriarte ha reiterado la postura de su grupo en contra por entender que "una ley no puede vulnerar el principio de igualdad" y ha defendido que "la ley debe ser una si pretende atender a las víctimas del mismo tipo de delito", de la misma manera que es una la de las víctimas del terrorismo, que reconoce a las víctimas de todos los grupos terroristas.
Sí ha opinado que la Iglesia Católica debería "colaborar" en el esclarecimiento de estos "hechos repugnantes", al tiempo que trasladaba su "respeto" a las víctimas presentes y lamentaba su "incomprensión", un momento en el que el grupo de víctimas presentes en la bancada de invitados se han colocado unas máscaras, que se han retirado a instancias del presidente, Unai Hualde.
