El fiscal mantiene la prisión para Cerdán por la capacidad de influencia del exdiputado

Anticorrupción incide en que Cerdán tenía un "papel capital", de modo que, "valiéndose del imprescindible concurso del ministro José Luis Ábalos y de Koldo García, asesor formal de éste", "habría llegado a dirigir un eficaz y duradero sistema de corrupción a gran escala en la adjudicación de las obras públicas de la Dirección General de Carreteras y de Adif".

"Asumió la dirección de una organización criminal que de manera concertada y coordinada con otros consiguió, desde su alto cargo en el PSOE, secretario de Organización, penetrar en junio de 2018 en un Gobierno al que era ajeno, nada menos que en las entrañas del entonces Ministerio de Fomento, uno de los departamentos con mayor capacidad inversora, estableciendo desde el principio un eficaz y duradero sistema de cobro de comisiones por adjudicaciones públicas", afirma.

Cerdán, la pieza "fundamental" a juicio del fiscal

Luzón explica que Cerdán era fundamental "no tanto por su capacidad de dirección o jerarquía cuanto por su posición funcional en ella", ya que "se encargaría de reclamar a las constructoras las dádivas adeudadas y de repartir estas entre José Luis Ábalos y Koldo García, lo que le confería una indiscutible preeminencia en la organización delictiva".

"Solo de él podemos decir que sabía quién era el responsable del pago, cuál era la cantidad que importaba la mordida, cuándo, cómo y dónde se debía satisfacer esta y quiénes eran todos los beneficiarios", precisa.

Anticorrupción pone el acento en que solo Cerdán sabe "qué personas físicas o jurídicas pudieran ser destinatarios del botín obtenido". Sobre esto, asume al igual que el magistrado instructor que "la mordida presuntamente gestionada por Cerdán debió ser muy superior a ese millón de euros aproximadamente que entregó o iba a entregar a sus compañeros" y que se llevó su parte.

"Todas estas circunstancias, todavía no suficientemente esclarecidas en el curso de la investigación, pero de las que Cerdán tiene un conocimiento privilegiado, ponen de manifiesto la necesidad de conjurar el riesgo de que, de permanecer este en libertad pudiera ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas relevantes para el esclarecimiento de los hechos que aquí se investigan", sostiene.

Si se queda en libertad podría condicionar a testigos

Luzón apunta no solo a "la capacidad que Cerdán aún tiene para alterar y ocultar pruebas", precisamente por "la posibilidad de continuar relacionándose con otras personas responsables de los pagos realizados por las adjudicaciones amañadas, aun desconocidos", sino también a la de "condicionar a testigos o investigados" si se le deja en libertad.

Anticorrupción ataca asimismo la teoría del "delito provocado" que lanza la defensa de Cerdán al presentar a Koldo como una especie de agente encubierto que propició las conversaciones grabadas que constituyen uno de los principales indicios contra los imputados.

"El autor de la grabación no mueve a la decisión de delinquir a quien no tenía propósito de hacerlo, sino que Koldo García, presumiblemente, pretendía documentar y conservar para sí la acreditación de una infracción delictiva previa, ya cometida o incluso que se estaba cometiendo", sostiene.

Defiende asimismo que se trata de "una grabación casera, no profesional, efectuada por Koldo García desde sus teléfonos y su grabadora, lo que determina que sea a este a quien se escucha con mayor nitidez".

Y añade que, a pesar de que algunos pasajes puedan ser ininteligibles, "la suma de conversaciones y su univocidad incriminatoria torna quimérica la tarea de interpretar los pasajes ignotos de manera que aporten a las conversaciones un significado diferente al que les atribuye la UCO y, en definitiva, cualquier oyente".

En la misma línea, rechaza el argumento de que Cerdán sea víctima de una "causa general", reprochándole que durante su declaración como imputado se limitó a contestar a su abogado, "en formato de complaciente entrevista", hablando de "algunas" conductas que se le atribuyen, junto a "otras sin relevancia penal, parte de ellas de contenido estrictamente político".

Amplísimo caudal de indicios, dice el fiscal

Para Luzón, sus explicaciones fueron "claramente insatisfactorias" frente al "amplísimo caudal de indicios incriminatorios que le rodean", entre los que menciona la "incuestionable" relación "patrimonial" con Servinabar, empresa que "consiguió entrar en UTE con Acciona, pese a su mínima dimensión y nula experiencia".

En concreto, da plena validez al contrato privado de compraventa de participaciones sociales que le convertiría en dueño al 45%. "En efecto, no se llegó a elevar a escritura pública muy presumiblemente para evitar el conocimiento por terceros de la participación de Cerdán en una sociedad interesada en contrataciones públicas en las que el propio Santos iba a tener una intervención directa o indirecta. Pero, evidentemente, el contrato despliega plenos efectos entre las partes", asevera.

También ve un "poderoso indicio" de criminalidad en "el llamativo interés que muestra Cerdán en las obras respecto de las que concurre la sospecha de haber sido amañadas", concretamente en la del Puente del Centenario de la autovía SE-30 de Sevilla, que se licitó por más de 100 millones de euros.

Asimismo, destaca que el interés de Santos en las obras del Ministerio de Transportes no se agotó con la salida de Ábalos y Koldo del mismo, sino que "quien a la sazón desempeñaba el cargo de secretario de Organización del PSOE parece que continuó manteniendo cierto control de las adjudicaciones del referido Ministerio".

Por último, se refiere al "decisivo papel" que desempeñaba por la "influencia desplegada" en "los nombramientos de cargos clave en el Ministerio de Transportes", y ello pese a que Ábalos "era entonces su superior" como ministro y como secretario de Organización del PSOE.