El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sostiene que Santos Cerdán no solo fue una pieza central en una presunta red de corrupción vinculada a la adjudicación de obras públicas a cambio de mordidas, sino también uno de sus principales beneficiarios económicos. En el auto dictado el pasado 30 de junio, el juez considera que hay “notabilísimos indicios” de que Cerdán habría incurrido en delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, y, ante el riesgo de destrucción de pruebas, lo mandó a prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Según el magistrado, la solidez de los indicios es “verdaderamente extraordinaria” y se apoya, en gran medida, en conversaciones intervenidas por la Guardia Civil entre los propios implicados, especialmente grabaciones realizadas por el exasesor ministerial Koldo García. Estas conversaciones, subraya el juez, no son habituales por su nivel de detalle y contundencia.
Sin embargo, el dinero no ha aparecido. No hay rastro de los importes que Cerdán, García y el exministro José Luis Ábalos mencionan en las grabaciones. El juez recuerda que las obras bajo sospecha fueron adjudicadas principalmente a Acciona, a través de organismos vinculados al Ministerio de Transportes. El volumen total de estos contratos supera los 537 millones de euros, lo que lleva al instructor a estimar que la “mordida” global podría alcanzar un 1% del total adjudicado, es decir, más de cinco millones de euros.
Y ese “alguien más” podría ser, precisamente, Santos Cerdán. Puente descarta que el exdirigente navarro actuara únicamente en interés de terceros: “Parece descartable que actuara exclusivamente en beneficio de los señores García y Ábalos, de forma, por parte del señor Cerdán, completamente desinteresada”. En consecuencia, el magistrado apunta que Cerdán habría percibido una parte sustancial del “botín” que todavía no ha sido localizado y cuyo destino es ahora el gran objetivo de la investigación.
Seguir las pistas
Con la prisión provisional decretada para Cerdán, la investigación se ha volcado ahora en rastrear el dinero. La Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y diversas entidades bancarias han recibido requerimientos del juez para esclarecer el origen y la evolución patrimonial tanto de los implicados como de sus empresas. Los empresarios señalados son José Ruz, Daniel y Antonio Fernández, Fernando Merino y Antxon Alonso.
El juez ha ordenado además un análisis de la “vida laboral” de los empresarios implicados, así como del propio Cerdán, Koldo García y su exmujer, Patricia Úriz. También se recaba información sobre las plantillas de las empresas adjudicatarias, incluidas las que forman UTE con Acciona, entre las que figura Servinabar.
La Guardia Civil tiene entre manos una extensa documentación incautada en registros a empresas y domicilios. Una parte clave es el volcado de correos electrónicos de Cerdán, Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, todos ellos vinculados a los procesos de adjudicación bajo sospecha.
El núcleo de la investigación apunta ahora a hallar los millones supuestamente percibidos de forma ilícita. El juez insiste en que el millón atribuido a Ábalos y García es solo una fracción menor, lo que abre la puerta a que “más personas, físicas o jurídicas […] pudieran haberse lucrado”, y por tanto a nuevas imputaciones y líneas de investigación.
Cerdán, sin embargo, aseguró en una entrevista con El País desde la prisión de Soto del Real que jamás aparecerá el dinero de la supuesta trama. Sencillamente, porque él, al que el juez sitúa en el eje de operaciones delictivo, ni ha participado en mordidas ni llegó a la política para enriquecerse.
Una extensa red
La supuesta trama que encabezaría la “triple entente” salpica a empresas como Acciona, Levántina de Ingeniería y Construcción (LIC), Obras Públicas y Regadíos, y Servinabar, esta última supuestamente participada en un 45% por Cerdán. Junto a él, el juez ha imputado a cinco empresarios que habrían colaborado en la mecánica delictiva.
En su auto, Puente detalla que Cerdán, como figura clave en la interlocución con los “pagadores”, sería también quien más capacidad tendría para ocultar o eliminar pruebas sobre el destino real del dinero, incluidos posibles pagos a terceros o entidades jurídicas, entre ellas, partidos políticos como el PSOE (aunque aún no haya imputación por financiación irregular).
En paralelo, el juez ordenó al PSOE entregar información sobre donaciones realizadas por José Luis Ábalos. Según la Agencia Tributaria, las aportaciones declaradas por el exministro ascienden a 44.729 euros, pero los datos bancarios solo justifican 8.471, una diferencia que plantea nuevas dudas sobre el posible desvío de fondos.
Por su parte, desde el PSOE alegan que las aportaciones de diputados y altos cargos están declaradas ante Hacienda y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. Explican que cada electo cobra su sueldo del grupo parlamentario socialista y de ahí se detrae la aportación voluntaria, además de la cuota como militante del PSOE, que también pagan los altos cargos afiliados.
