Una ‘telaraña’ para atrapar fugitivos

Cada control, cada identificación rutinaria, esconde una posibilidad que, cada vez, es menos remota, a tenor de los datos de actividad de la Guardia Civil: que la persona interceptada tenga un señalamiento judicial pendiente que implique su detención e, incluso, su ingreso en prisión. “El fin último de nuestro trabajo es que haya seguridad, que las personas que deben estar en prisión o responder ante la Justicia de sus causas pendientes, no sigan en la calle... Y si le ayudas a que eviten un control policial alertando de nuestra presencia, te conviertes en cómplice”, afirma Enrique Cervantes, capitán de la USECIC, la unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil.

Una requisitoria no es una multa ni un aviso administrativo. Es un mandato emitido por un juez que puede ordenar desde la detención inmediata de una persona hasta la simple averiguación de su domicilio para notificarle una resolución. Entre medias, existe todo un abanico de posibilidades: presentación ante el juzgado, vigilancia discreta, ingreso directo en prisión.

Los agentes de la USECIC de la Gaurdia Civil actúan sobre el terreno a través de dos grandes tipos de operativos: los reactivos y los preventivos. Los primeros responden a un estímulo concreto –se ha producido un robo, se busca un vehículo con unas características determinadas, hay información sobre una actividad delictiva en una zona específica–, mientras que los segundos no buscan nada en particular, pero sirven para aumentar la seguridad, por ejemplo, en un gran evento, como un concierto, durante las fiestas de San Fermín, etc. Por pura aritmética es en los dispositivos preventivos donde aparece el mayor volumen de personas con órdenes judiciales pendientes. La razón es simple: se identifican muchas más personas.

EL ARTE DE ELEGIR A QUIÉN PARAR

Detrás de cada parada hay un criterio que no es arbitrario, aunque pueda parecerlo. “No son fruto del azar”, subraya el capitán de la Guardia Civil. “Es una combinación de análisis delincuencial y de la experiencia del propio agente”. Esa experiencia genera patrones difíciles de verbalizar, pero fáciles de reconocer sobre el terreno: la franja de edad que estadísticamente consume más droga, la indumentaria de la persona, su actitud, la presencia del vehículo en un polígono industrial durante la madrugada, cuando no hay ninguna razón para estar allí. “Eso nos levanta sospechas”, dice Cervantes sin rodeos. “Nos fijamos en muchos factores y muchas circunstancias.”

Cuando existe información previa sobre actividad delictiva, la parada deja de ser una intuición para convertirse en una actuación dirigida. En los controles reactivos, las patrullas reciben descripción del vehículo, dirección de huida o perfil del sospechoso. Y ocurre entonces algo que no estaba en el guion: la persona parada por un delito reciente lleva también, en el sistema, una requisitoria por algo completamente distinto.

Una vez que el agente decide detener un vehículo o abordar a una persona, el protocolo tiene una primera exigencia ineludible: que esa persona quede plenamente identificada. El DNI es el punto de partida, pero no siempre basta. Si la identidad no puede acreditarse de forma fehaciente, la ley permite trasladar al individuo a dependencias policiales a efectos de identificación.

VERIFICACIÓN DEL SEÑALAMIENTO

Solo cuando hay certeza absoluta sobre quién es esa persona se consulta si tiene señalamientos en vigor. El procedimiento habitual es llamar a la central operativa o COS para verificar el estado de la requisitoria en el SIRAJ, la base de datos actualizada del sistema judicial. La Guardia Civil mantiene además su propia base de datos interna, que se retroalimenta de forma autónoma y no siempre está sincronizada en tiempo real con el sistema central.

Los agentes utilizan sobre el terreno tabletas informáticas que permiten comprobar en tiempo real si el carné de conducir está en vigor y si existen señalamientos activos o recientemente cesados. Ese matiz no es menor, ya que un señalamiento puede haber sido levantado días antes, sin que el sistema lo recoja. “Nos cercioramos de que el señalamiento está en vigor o de que no haya cesado recientemente, en los últimos dos o tres días”, precisa el capitán. Cada requisitoria tiene un número identificador. Y en todos los casos, sin excepción, se llama al COS”.

GESTIONES TRAS LA IDENTIFICACIÓN

La propia requisitoria indica qué debe hacerse una vez localizada la persona. No todas acaban en detención. Algunas ordenan el ingreso inmediato en prisión, otras la presentación ante el juez y otras, simplemente, la averiguación del domicilio porque el juzgado lleva tiempo intentando notificar una resolución sin éxito. En este último caso, el agente se persona en el domicilio, intenta la notificación y, si el afectado se niega a colaborar, documenta la negativa. A partir de ahí, el juez puede dictar una orden de detención posterior. Es un engranaje que se activa lentamente pero que, tarde o temprano, acaba cerrándose.

LA REACCIÓN DEL REQUISITORIADO

La mayoría de las pesronas que son interceptadas con una requisitoria judicial pendiente alegan desconocimiento. “Es lo más frecuente”, confirma Cervantes. “Intentan decir que ya está cumplida, que ha cesado. Es muy raro que alguien lo reconozca abiertamente”. Aunque los intentos de huida existen, no son la norma. Cuando se producen, la respuesta es coordinada: se avisa a las patrullas en las proximidades y se activa el dispositivo necesario. La red, en esos momentos, se estrecha.

Lo que el capitán de la Guardia Civil describe, en definitiva, no es un sistema de caza, sino una consecuencia inevitable de estar presente. Cada control, cada patrulla, cada identificación es una oportunidad para que la justicia alcance a quien lleva tiempo eludiéndola. Y eso, recuerda, no ocurre por casualidad.