La gerente de la Fundación Gizain, Yolanda Fillat, ha defendido este martes en el Parlamento de Navarra el crecimiento experimentado por la entidad pública desde su creación como instrumento para reforzar el sistema público de servicios sociales, aunque ha reconocido dificultades derivadas de su rápida expansión, problemas de estructura interna y el conflicto abierto sobre la equiparación salarial de su plantilla.
Durante una sesión de trabajo en la Comisión de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Fillat ha presentado las principales conclusiones del diagnóstico estratégico elaborado durante los dos últimos años, un documento que servirá de base para diseñar el segundo plan estratégico de la fundación.
La responsable de Gizain ha explicado que la entidad nació en 2019 como una fundación pública adscrita al Departamento de Derechos Sociales para asumir la gestión directa de servicios cuya complejidad técnica y asistencial hacía difícil su externalización. Desde entonces, ha ido incorporando progresivamente centros de servicios sociales, recursos de protección de menores, dispositivos de atención a víctimas de violencia sexual y unidades administrativas de tramitación.
Según los datos aportados, la fundación ha pasado de atender a 1.739 personas en sus inicios a cerca de 3.900 en 2025 y ha multiplicado también su dimensión económica, pasando de gestionar 1,2 millones de euros en 2019 a superar los 15 millones el pasado año. La plantilla ha crecido igualmente desde algo más de 59 puestos iniciales hasta 298 puestos equivalentes, con 418 trabajadores en activo.
Un crecimiento rápido, en administrativo y de gestión
Fillat ha destacado que la fundación ha permitido responder "con agilidad" a nuevas necesidades sociales y ha defendido que el crecimiento ha ido acompañado de mejoras organizativas, protocolos comunes y una mayor homogeneización de la atención. No obstante, el propio diagnóstico detecta problemas relacionados con el rápido crecimiento, especialmente en la estructura administrativa y de gestión.
Uno de los apartados más extensos de la comparecencia ha estado centrado en el conflicto salarial abierto con la plantilla, derivado de la imposibilidad de aplicar la equiparación retributiva prevista en el convenio colectivo con el personal de la administración pública. Fillat ha explicado que la fundación se encuentra atrapada entre su condición de entidad privada âsujeta al Estatuto de los Trabajadores y convenio propioâ y su pertenencia al sector público, que obliga a respetar los límites retributivos fijados legalmente.
Una resolución judicial
La gerente ha recordado que una sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Pamplona emitida en marzo avaló la tesis jurídica de la fundación, al concluir que aplicar plenamente la equiparación salarial vulneraría los límites establecidos para el sector público, aunque esa resolución se encuentra recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Según las estimaciones expuestas, el coste acumulado de aplicar la equiparación salarial con Fundapa entre 2023 y 2025 superaría los 10 millones de euros. Mientras tanto, la fundación mantiene abiertas negociaciones para un segundo convenio colectivo que, aunque todavía no incorpora acuerdos salariales, sí incluye avances en materias como conciliación, formación, permisos o flexibilidad organizativa.
Fillat ha concluido defendiendo que Gizain constituye hoy una "apuesta estratégica" para reforzar los servicios públicos sociales de Navarra y ha señalado que los próximos años deberán centrarse en consolidar la estructura interna, reforzar la cohesión organizativa y mejorar la calidad y homogeneidad de la atención prestada.
