UPN aboga por blindar los conciertos educativos y Geroa Bai insiste en una moratoria de un año

La decisión del Departamento de Educación de eliminar 14 unidades de la enseñanza concertada ha generado una división de opiniones tanto en el seno del Gobierno foral, que integran PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, como en el resto de partidos del arco parlamentario. Así, mientras la coalición de izquierdas defiende la reducción de conciertos educativos anunciada por Educación, liderado por el socialista Carlos Gimeno, Geroa Bai reclama una moratoria de un año en el cierre de aulas “para analizar la evolución de la matrícula en un contexto en el que se prevé un repunte futuro del alumnado”. Más crítico se mostró el PP y UPN que lo consideran “un ataque a la libertad de elección de las familias”. De hecho, los regionalistas anunciaron que van a presentar una proposición de ley para blindar la enseñanza concertada.

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, confirmó el martes el anuncio trasladado antes de Semana Santa a la comisión de conciertos educativos: la reducción de 14 aulas en centros concertados de Navarra. Lo hace, afirmó, con el objetivo de blindar la educación pública (que también reducirá 19 grupos), especialmente afectada por el descenso de la natalidad de los últimos años.

Esta decisión ha generado un enorme malestar en patronales y colegios e ikastolas afectadas, que ya han anunciado su intención de recurrir vía administrativa y, en algunos casos, incluso, en los tribunales. Entre los partidos políticos las opiniones son diversas.

División de opiniones

El portavoz del Gobierno foral, Javier Remírez, asegura que la decisión se ha adoptado con criterios “estrictamente técnicos y normativos” y defiende que la reducción es “proporcional y equilibrada”. Además, el socialista recordó que el Ejecutivo ha flexibilizado las ratios mínimas para reducir el impacto y apeló a la necesidad de gestionar con eficiencia los recursos públicos en función de la demanda real.

Uno de los grupos que conforman el Ejecutivo, Contigo-Zurekin, aseguró que la reducción es “un buen primer paso” hacia un modelo que refuerce la escuela pública. Esta coalición cree que la red concertada debe tener un papel subsidiario y apuesta por avanzar en una disminución progresiva de los conciertos, así como en la reorientación de recursos hacia la atención a la diversidad y la mejora de la calidad educativa.

Geroa Bai, sin embargo, aboga por aplicar una moratoria de un año en el cierre de aulas de Infantil, con el fin de analizar la evolución de la matrícula escolar en un contexto en el que prevé un repunte del alumnado. Su portavoz, Pablo Azcona, defendió su propuesta, trasladada al conjunto del Gobierno, de no cerrar este curso aulas en ninguna de las redes porque “es un año en el que concurren varias circunstancias como que el descenso de la natalidad se traslada a un descenso de matrículas sabiendo que habrá un repunte en los próximos años”. “Hablamos además de superávit en las Cuentas de Navarra por lo que hay recursos para mantener abiertas el conjunto de aulas”, afirmó Azcona, para añadir que “es buen momento para hablar de demandas como la rebaja de las ratios”.

En este sentido, Geroa Bai se mostró partidaria no tienen “ningún problema” en “igualar las ratios en pública y concertada”, que “conllevaría reducir ratios en la pública”.

Ataque a la libertad de elección de centro

Más críticos se mostraron UPN y PPN, que cargaron con dureza contra la medida. Los regionalistas la consideran “un atentado a la libertad de elección de las familias”, y anunciaron la presentación de una proposición de ley para blindar la enseñanza concertada. UPN advirtió de que el recorte tendrá efectos a largo plazo, ya que limitará durante todo el ciclo educativo la capacidad de los centros afectados, y reclaman un proceso de diálogo y planificación que tenga en cuenta la demanda educativa y la calidad del sistema.

En la misma línea, el PPN denunció un “grave ataque a la libertad educativa” y atribuyó la decisión a una estrategia ideológica, alertando de sus consecuencias estructurales e irreversibles sobre la red concertada. Su presidente, Javier García, defendió que la caída de la natalidad debería afrontarse mediante la reducción de ratios y no con la supresión de aulas, y avanzó que estudian iniciativas legales para garantizar la estabilidad del modelo educativo.