Reconocen como víctimas de violencia machista a las dos víctimas de violación con sumisión química en Pamplona

A lo largo de casi una década de proceso se cayeron decenas de veces pero se levantaron del suelo centenares más. Esa perseverancia de las víctimas, representadas en un abogado sin temor al desaliento, ha seguido hasta el último dia siendo la seña de identidad de un caso sin parangón. La sentencia del 23 de octubre del año pasado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo puso coto a las tropelías, sonrojo institucional y activó todas las alertas sobre la nefasta investigación policial y judicial de una doble violación con sumisión química, que anuló toda su conciencia y noción, cometida contra dos jóvenes navarras en diciembre de 2016 en un piso de Erripagaña. Aquella resolución de Estrasburgo, que condenó al Estado español a indemnizar con 45.000 euros a la dos víctimas por la innegable mala praxis investigadora, fue la primera vez que la Justicia daba la razón a la tenaz acusación particular, personalizada en el letrado José Luis Beaumont Aristu.

Sin embargo, el fallo del Tribunal Europeo no tenía efectos, ni tiene, ni tendrá, en el sentido de que se pudiera juzgar un caso que, conviene recordar, no siquiera llegó a la vista oral. No hubo juicio ni por la violación, ni por la desaparición de pruebas vitales en la comisaría. Todo el asunto se archivó en instrucción sin que hubiera un mínimo responsable. De hecho, el único individuo que se sentó en el banquillo fue un policía nacional, cuñado de uno de los investigados por violación, por haberle preavisado de que iba a ser detenido y de usar las bases de datos policiales. Fue absuelto en la Audiencia navarra, que nada quiso saber de la pluralidad de indicios en su contra.

Llegados a tal punto, sin juicio, sin condena alguna, con el Supremo y el Constitucional desoyendo recursos y amparos, solo el TEDH pudo hacer Justicia. Y ahora, después de semejante rapapolvo europeo, las dos víctimas se han sentido por vez primera reconfortadas. Aunque han tenido que pasar casi diez años desde los hechos, por fin el Gobierno de Navarra ha reconocido a las dos jóvenes su condición de víctimas de violencia de género, de violencia sexual. El certificado ha sido expedido por la Oficina de Víctimas del Delito del Ejecutivo foral, consciente ahora de la magnitud del asunto.

Como se recordará, y tal y como este diario ha venido informando puntualmente, las dos víctimas navarras obtuvieron del TEDH el espaldarazo definitivo a sus denuncias, ignoradas en España durante nueve años. Relataban cómo en los puentes forales de diciembre de 2016 fueron víctimas de sendas violaciones después de que en un bar del casco viejo pamplonés se les anulara su voluntad, su consciencia y su libertad, permaneciendo durante muchas horas en una situación de falta absoluta de conocimiento y de control sobre lo que sucedía con ellas.

Se trató así de uno de los episodios más denigrantes que pueden imaginarse, no sólo para las mujeres sino para la propia condición humana, como es la provocación por terceros de su pérdida total, durante muchas horas, de consciencia de todo lo que sucedía alrededor suya y con ellas mismas, de privación absoluta de su libre voluntad y de borrado de la memoria de lo ocurrido, para ser agredidas sexualmente (violadas) por dos hombres mediante penetración vaginal en unas relaciones sexuales no voluntarias y, en consecuencia, tampoco consentidas.

La intrínseca gravedad de las actuaciones policiales (que desencadenaron la desaparición de pruebas de los hechos en la dependencias de la Policía Nacional en Pamplona) y de las clamorosos omisiones judiciales en Navarra (que permitieron que todo ello quedara impune) provocaron una sonora condena a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el 23 de octubre del pasado año, en una sentencia de la Corte de Estrasburgo de una claridad, crudeza y severidad ciertamente inusuales en su jurisprudencia, confirmó la infracción del derecho de las dos víctimas a un juicio justo, de su derecho a no ser sometidas a tratos inhumanos y degradantes, y de su derecho a la protección de su vida privada y familiar y, en consecuencia, de su vida y su integridad física y moral. Se trató de un pronunciamiento unánime de 7 jueces de 7 nacionalidades distintas, todos ellos especialistas contrastados en materia de derechos humanos.

El reconocimiento y sus efectos

Por mor de las actuaciones policial y judicial, los autores de semejantes barbaridades quedaron impunes, ya que ni siquiera se les sentó en el banquillo de los acusados. La jueza que dirigió la investigación del caso, Inés Hualde Juvera, entonces en el Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona, admitiendo la total credibilidad de las dos víctimas en lo que se refería a su falta absoluta de consciencia y voluntad a la hora de mantener relaciones sexuales, echó un capote a los dos violadores afirmando que no había pruebas de que ellos fueran conscientes de que ellas no lo eran a la hora de mantener relaciones sexuales, ni de que ellos hubieran sido quienes suministraran sustancias de sumisión química a las dos víctimas.

Quizás en la historia policial y judicial navarra nunca haya ocurrido nada que ni se le parezca en términos de despropósitos, de manifiestas anormalidades y de indefensión a mujeres violadas. Y de ahí la extrema dureza de la sanción del Tribunal de Estrasburgo. Pero quizás por todo ello las dos víctimas han conseguido que el Gobierno de Navarra les haya reconocido definitivamente como víctimas de violencia de género (de violencia sexual), todo ello en el marco de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

Como indica José Luis Beaumont Aristu, abogado de las dos víctimas en el tortuoso camino que las llevó hasta la Corte de Estrasburgo, el reconocimiento actual adquiere una gran relevancia por “la consideración de víctimas de violencia de género de las dos jóvenes en ausencia de una previa sentencia penal condenatoria”.

No en vano, el Tribunal de Estrasburgo, que es el máximo órgano judicial europeo en materia de derechos humanos, tras reproducir con sumo detalle todas las anormalidades policiales y judiciales acontecidas en este caso, constató las gravísimas violaciones de los derechos de las dos víctimas, e indicó a todos los Estados europeos el camino para modificar sus legislaciones y sus protocolos para evitar que, a futuro, pueda ocurrir algo ni siquiera parecido a lo que a lo largo de 9 años ocurrió a estas dos víctimas en Pamplona.

Entre otros derechos que la legislación vigente reconoce a las víctimas de violencia de género, están el de integrar listas restringidas en las oposiciones y concursos públicos de empleo, donde se obliga a la reserva de un 2% de la plazas convocadas para víctimas de violencia de género. Lo mismo ocurre en los procesos públicos de adjudicación de viviendas de protección oficial, reservándose un 3% de las viviendas en régimen de compra y un 6% si se trata de viviendas en régimen de alquiler.

En el ámbito laboral, también las víctimas de violencia de género tienen prioridad en su inserción laboral, tanto en listas de demanda de empleo como en los programas de formación e inserción socio-laboral, en este caso conforme a la Ley Foral 22/2022, de 2 de julio, para la adopción de medidas integrales contra la violencia sexista.

Con amparo en la misma Ley, también se conceden ayudas al estudio para unidades familiares que vean reconocida su condición de víctimas de violencia de género.

Ausencia de otras consecuencias

Como este periódico ha podido confirmar, precisamente en evitación de que a futuro pueda ocurrir algo ni siquiera parecido a lo que a lo largo de 9 años ocurrió a estas dos víctimas en Pamplona, su abogado se ha dirigido formalmente a los Ministerios de Interior, de Presidencia y Justicia, y de Igualdad. Lo ha hecho como responsables últimos de las actuaciones policiales que desembocaron en la condena europea al Estado. También ha acudido a la Fiscalía General del Estado, responsable último de las actuaciones y omisiones de la fiscal del caso, Pilar Larráyoz Osés), al Consejo General del Poder Judicial (al que se adscriben la titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Pamplona, Inés Hualde, y los jueces de la Audiencia Provincial, encabezados en el momento de los hechos por el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, José Julián Huarte Lázaro, y por el actual presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, José Francisco Cobo Sáenz), y a todas y cada una de las asociaciones judiciales españolas, que junto con su Consejo General, “acostumbran a invocar recurrentemente la independencia del poder judicial como único argumento para salir al paso de las criticas ciudadanas y políticas a determinadas actuaciones judiciales huérfanas de la más mínima justificación”, explica el letrado.

La respuesta, una vez más, es el silencio casi absoluto. Con las únicas excepciones de la Fiscalía General del Estado que se limitó a remitirse a su última memora anual (en la que evidentemente no hay la más mínima referencia al caso sentenciado por Estrasburgo) y del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Genero del Consejo General del Poder Judicial, que tras reconocer la “relevancia” de la sentencia del TEDH y “el alcance de sus implicaciones para los distintos operadores jurídicos y para la protección de las víctimas en el marco de los procedimientos judiciales”, afirmó estar estudiando con detenimiento la resolución del Tribunal de Estrasburgo a través de su “grupo de personas expertas, integrado por magistrados y magistradas, con el fin de que puedan analizar en profundidad la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, valorar sus efectos y determinar, en su caso, las líneas de trabajo que pudieran resultar pertinentes”.

Sin embargo, a juzgar por sus silencios en Pamplona, y por sus reacciones ante el escándalo de la presunta agresión sexual del ex Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional sobre una agente de policía, “parece que el compromiso contra la violencia de género (violencia sexual) de los ministros socialistas de Interior, Justicia e Igualdad está en directa relación sólo con la identidad y cargo del victimario, y con la condición de la víctimas. No en vano, las dos víctimas de Pamplona no sólo no son policías, sin que fueron víctimas de la propia Policía Nacional”, detalla Beaumont.

Llama también la atención para el letrado el silencio absoluto que ante la rotunda condena de Estrasburgo ha mantenido hasta la fecha el Ayuntamiento de Pamplona, a pesar de que fue en su Casco Viejo donde ocurrieron los gravísimos hechos que merecieron la rotunda del Tribunal de Estrasburgo.