Gimeno acusa a UPN de querer reforzar la concertada a costa de la escuela pública

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha cifrado en 9,3 millones el coste de recuperar las 14 unidades de educación concertada a las que se ha planteado no renovar el concierto y asumir las ratios de la proposición de ley de UPN, al tiempo que ha alertado de los riesgos que conlleva su aprobación para los conciertos previstos.

"Incluso los centros que han tenido una matrícula suficiente pueden ver en riesgo un concierto que tienen ahora seguro para cuatro años por una proposición de ley foral que va en contra de la planificación educativa, que es una competencia de la administración educativa", ha sostenido Gimeno.

En declaraciones a los medios de comunicación ha considerado "una irresponsabilidad" que si no hay acuerdo en el seno del Ejecutivo uno de sus socios, Geroa Bai, pueda apoyar una iniciativa que "va en detrimento de la escuela pública".

"Dentro de la ley"

Según ha indicado, se está proponiendo a Geroa Bai que "haga las propuestas que considere oportunas dentro del marco de la ley, no fuera del marco de la ley. Ahora bien, si lo que quieren es hacer otra ley para que encaje en sus peticiones de última hora, entiendo que es una irresponsabilidad y lo que genera esa decisión es que la escuela pública pierda peso".

Al respecto ha opinado que "quizás hay que aclarar la ética que tienen algunos partidos con respecto a la estética que van mostrando a lo largo del año", tras lo que ha remarcado que si se está defendiendo la escuela pública, lo establecido por el departamento, "ante una bajada de matrícula, son unos criterios absolutamente objetivos en el seno de la ley".

A todo ello ha sumado que en 2023 se estableció un acuerdo programático "diáfano, claro, blanco sobre negro" y él, ha aseverado, trabaja para cumplirlo, por lo que no comparte una posición que "evidentemente nada tiene que ver con lo que se acordó".

El consejero ha comentado que, tras la sesión de la Junta de Portavoces del Parlamento, escuchó "incluso insultos" por parte del portavoz de UPN, Javier Esparza, quien, ha dicho, le llamó "intransigente".

"Si considera la intransigencia como la cualidad de defender la educación pública, obviamente sí; si considera que es un fanatismo, no; no hay ningún menoscabo hacia la educación privada concertada", ha replicado.

Gimeno ha insistido en que su departamento "ha hecho una planificación de los recursos con eficacia y eficiencia" y ha reiterado las consecuencias que tendría una previsible aprobación de la proposición de ley.

Así, a modo de ejemplo, ha comentado que es posible que se tenga que rehacer la resolución de admisión y que familias que están admitidas provisionalmente en determinados centros "si se hace la resolución a 23 alumnos por aula no van a tener cabida en esos centros, van a perder la plaza que ahora mismo tienen y van a tener que ir a otros centros concertados o públicos, porque va a haber que recalcular la ratio a 23".

Ha añadido que con esa iniciativa "quieren solidarizarse con catorce unidades, que no tienen algunas de ellas ni una solicitud o muchas de ellas tienen cinco o seis solicitudes" y eso puede afectar a ikastolas excepcionadas, al igual que a "todos los centros que ya tienen un concierto asegurado de cuatro años que no han perdido ninguna unidad".

Gimeno ha concluido indicando que no podía imaginar que "partidos o formaciones que aparentemente siempre se han mostrado en favor de la escuela pública", a través de una proposición de ley, incrementen la partida a la concertada.