Representantes de los sindicatos mayoritarios de la enseñanza concertada en Navarra, SEPNA, FSIE y UGT, han criticado que "el cierre de 14 aulas implica como mínimo 14 posibles despidos" y han reclamado "equilibrio" entre la red pública y la concertada, de forma que se establezcan los "mismos criterios" en función de la "demanda real".
Así lo han manifestado este martes Alicia Azpilicueta y Carmela Muñoz, en nombre de los sindicatos, en una comparecencia parlamentaria solicitada por UPN para analizar la decisión del Departamento de Educación de reducir el número de aulas concertadas en educación infantil para el próximo curso 2026/2027, debido al descenso del alumnado.
"No aceptamos que bajo la excusa del descenso demográfico seamos los trabajadores y trabajadoras de la concertada la primera pieza que se sacrifica", ha indicado Azpilicueta, que ha destacado que la enseñanza concertada y de ikastolas "atiende casi al 40% de la educación" de Navarra y engloba a unos 3.000 trabajadores.
Azpilicueta ha mostrado su "profunda preocupación" por el efecto del anuncio del Gobierno y ha criticado "una decisión injusta y precipitada por parte del Departamento de Educación que no tiene en cuenta la demanda social, la pluralidad del sistema, la continuidad de proyectos educativos y el impacto laboral de sus decisiones".
Este "cambio de criterio", ha dicho, "atenta contra la libre elección de centro por parte de las familias, debilita progresivamente la red concertada, pone en riesgo puestos de trabajo y restringe en la práctica la libertad de elección de las familias".
Azpilicueta ha relatado que "ante una sobreoferta de plazas, la propuesta que se remitió" por parte del departamento contemplaba "una reducción de 14 unidades en la red concertada y 19 en la red concertada", pero "cuál ha sido nuestra sorpresa" cuando el consejero de Educación anunció que "únicamente la reducción de aulas será para la educación concertada".
En este sentido, ha criticado que "mientras se suprimen unidades en la enseñanza concertada, en muchos casos la red pública mantiene aulas abiertas incluso con menor demanda". Tras considerar que "no se están aplicando los mismos criterios", ha reivindicado que "si el descenso de la natalidad obliga a ajustar la oferta, ese ajuste debería hacerse con criterios homogéneos, no de manera desigual entre las redes".
"Cuando una administración mantiene aulas en la pública y reduce en la concertada, el mensaje que se transmite es de intervención en la libertad de elección de las familias. El reto no es proteger una red frente a otra, sino garantizar un sistema equilibrado, donde las decisiones se tomen en función de la demanda real y no del modelo de centro", ha manifestado.
A su juicio, "defender la concertada es también defender el derecho de las familias a elegir el modelo educativo que consideran más adecuado para sus hijos". "Esa libertad no debería verse limitada por decisiones administrativas que reduzcan la oferta disponible, especialmente cuando existe demanda real", ha apuntado, tras subrayar que "no debería plantearse como una confrontación entre redes, sino como una cuestión de equilibrio". La decisión del departamento, ha continuado, "no sólo reduce la oferta educativa navarra sino que amenaza de forma directa la estabilidad laboral de un número importante de trabajadores y trabajadoras".
Por su parte, Carmela Muñoz ha criticado un "agravio comparativo" respecto a la red pública, ya que "se utiliza la bajada de la natalidad para fortalecer una red mientras se desmantela la otra, ignorando que ambas son servicios públicos financiados por toda la sociedad navarra y que las dos redes se complementan". "No es aceptable que ante el mismo reto se apliquen soluciones opuestas", ha subrayado.
La posición de los grupos parlamentarios
En nombre de UPN, Pedro González ha considerado que el Ejecutivo foral "continúa con decisiones a todas luces inexplicables, que no pueden explicarse si no es bajo la óptica del más rancio sectarismo" y que "no tienen más base que el odio y el resentimiento". A su juicio, se está tratando de "imponer un modelo de escuela única, de pensamiento único, impidiendo el acceso de las familias a la educación elegida".
Carlos Mena, del PSN, ha destacado que "esto no es una decisión que vaya contra nadie, esto es gobernar la realidad", ya que "el fondo de la cuestión" es la bajada de la natalidad. "Esta decisión se toma en base a datos objetivos y a criterios objetivos", ha indicado, subrayando que se trata de ajustar la demanda educativa.
Desde EH Bildu, Eneka Maiz ha considerado que esta decisión "ha sido inadecuada, precipitada, cortoplacista, sin consenso y sin planificación", y ha rechazado el cierre de aulas. Según Maiz, la situación demográfica es provisional y no justifica decisiones estructurales a largo plazo.
Por parte de Geroa Bai, Isabel Aranburu ha defendido que "nuestra prioridad es la educación pública", aunque ha señalado que la planificación educativa "ha brillado por su ausencia".
Maribel García Malo, del PPN, ha criticado "este nuevo ataque a la educación concertada", calificando la decisión de "improvisada" y "discriminatoria", y ha denunciado un posible "recorte ideológico".
Desde Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha defendido que la red pública debe vertebrar el sistema educativo navarro, otorgando a la concertada un carácter subsidiario, y ha asegurado que la decisión responde a un acuerdo político previo.
