Las acusaciones particulares del caso del accidente mortal en la atracción de feria el 'Saltamontes', ocurrido en agosto de 2024 en Vigo, han pedido cuatro años y medio de prisión para la concejala de Seguridad, Contratación, Fiestas y Gestión Municipal de esta localidad pontevedresa, Patricia Rodríguez, y el dueño de la instalación.
El escrito de acusación del abogado Francisco Méndez -que representa a la pareja de la víctima mortal de ese accidente-, al que ha accedido EFE, recoge que el Ayuntamiento de Vigo había desautorizado expresamente el funcionamiento de la atracción debido a la falta de documentación técnica aportada por su titular, pero esta operó sin que el área de Seguridad municipal la precintara.
En la madrugada del 3 de agosto de 2024, un brazo hidráulico del 'Saltamontes' se desprendió por un fallo en el apriete de los tornillos de sujeción y provocó la muerte instantánea de Iván Castaño, además de causar heridas y secuelas físicas y psicológicas a su pareja.
En la misma línea se posiciona el escrito de acusación de los padres del fallecido, representados por el abogado Carlos Pérez y al que también ha tenido acceso EFE. Al igual que el juez de instrucción, las dos acusaciones señalan al titular y explotador de la atracción, G.M.M.D.S., y a la concejala de Seguridad, a la que responsabilizan de omitir de manera negligente las medidas de control y precinto que estaba obligada a adoptar.
Solicitudes de inhabilitación
Los hechos se consideran constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave en concurso con un delito menos grave de lesiones por imprudencia grave. Las acusaciones particulares solicitan para cada uno de los dos acusados cuatro años de prisión por el primer delito, con inhabilitación especial para empleo o cargo público y tareas de gestión o inspección de espectáculos durante 6 años; y otros 6 meses de prisión por el delito de lesiones, así como el decomiso de la atracción.
En concepto de responsabilidad civil, el abogado de la pareja del fallecido reclama una indemnización total de 155.270 euros para ella por los días de perjuicio, secuelas físicas, el síndrome de estrés postraumático moderado derivado del accidente, agravado por haber sostenido en brazos a su pareja estable esperando asistencia y el fallecimiento del chico.
Por su parte, el abogado de los padres de la víctima solicita que ambos imputados indemnicen de forma conjunta y solidaria con 150.000 euros a cada uno de los progenitores (120.000 euros por el fallecimiento más un incremento del 25 % por el sufrimiento excepcional derivado del carácter violento del siniestro), además de sufragar los gastos médicos y psicológicos derivados. Los escritos de acusación establecen que los acusados deberán responder de forma conjunta y solidaria e incluye como responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de Vigo y como responsables civiles directos a la aseguradora de la atracción y la compañía de seguros del propio Ayuntamiento.
