El Supremo avala el decreto de regularización de inmigrantes y rechaza la suspensión solicitada por Vox y Ayuso

El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes que está llevando a cabo el Gobierno español, como habían solicitado la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros.

CINCO VISTAS

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha tomado esta decisión después de celebrar cinco vistas en las que ha escuchado los argumentos de los cinco solicitantes -el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia- y del Gobierno, que ha pedido no frenar la medida. La decisión judicial implica que el proceso de regularización continúa su curso legal sin interrupciones, desestimando así las peticiones de las fuerzas políticas y colectivos sociales que exigían su paralización inmediata antes de que se dicte una sentencia sobre el fondo del asunto.

En este sentido, la Abogacía del Estado ha defendido que "no se cumplen los requisitos" para la suspension de la regularización, ya que ha advertido de que supondría una "afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general". También ha afirmado que, "en ningún caso", ninguno de los beneficiarios del procedimiento va a poder votar en las próximas elecciones.

Mientras, el letrado de Vox ha respaldado también ante el Tribunal Supremo la suspensión cautelar del decreto de regularización y ha señalado que la medida puede alterar el equilibrio político, electoral y administrativo del país debido al número de inmigrantes que podrían obtener residencia legal. Por otro lado, el letrado de Hazte Oír ha insistido en la suspensión del real decreto de regularización que, a su juicio, no tiene garantía jurídica "ninguna". Además, ha sostenido que el real decreto no puede ser contrario a la Ley de Extranjería, ya que, según ha explicado, el mismo no garantiza el control de antecedentes penales. Posteriormente, en declaraciones a medios de comunicación tras su intervención en la vista, el letrado ha expuesto que espera una resolución favorable y que acabe en la revocación.

MÁS DE MEDIO MILLÓN DE BENEFICIARIOS

El abogado del Estado ha dicho en la vista que un total de 549.596 migrantes han presentado ya solicitud al proceso extraordinario de regularización que arrancó el pasado 16 de abril y que se cerrará el próximo 30 de junio. El proceso llega tras años de debate político y social, y tiene como antecedente una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por entidades sociales, organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos, que reclamaban una regularización extraordinaria para personas extranjeras que ya residían en el país. Aquella propuesta logró un amplio respaldo inicial en el Congreso, aunque su tramitación se fue dilatando hasta desembocar en el actual procedimiento aprobado por el Ejecutivo.

El Gobierno ha argumentado ante el Tribunal Supremo que suspender de forma cautelar el proceso que ha impulsado supondría una "afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general". "Existe una afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general, ya que estas personas quedarían en una situación de vacío legal a la espera de que se resolviera el recurso interpuesto", sostuvo en un escrito la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.