El juez cree que un exagente de UCO reveló secretos para "impulsar sospechas ante la directora de la Guardia Civil"
Pedraz recuerda que un capitán está siendo investigado en una causa relacionada con un fraude en el sector de los hidrocarburos, y su abogado en el caso Leire Díez
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha centrado una de las líneas de investigación del 'caso Leire Díez' en el rol que asumió Juan Sánchez Yepes, ex agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y al que investiga por presuntamente revelar secretos contra su antigua unidad y colaborar para "impulsar sospechas ante la directora de la Guardia Civil".
El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que el capitán Sánchez Yepes estaba siendo investigado con anterioridad en otra causa relacionada con un fraude en el sector de los hidrocarburos y que su abogado es Jacobo Teijelo, también investigado en el 'caso Leire Díez'. Del letrado dice, textualmente, que "también factura sus servicios al PSOE".
En este sentido, añade que la presunta trama presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado "tratando de germinar el despectivo y contaminante título de la 'UCO patriótica" y que, además, también acabaron "impulsando la sospecha sobre sus actuaciones ante la directora general de la Guardia Civil, que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada".
"Entre los hechos imputados se encontraba la posible filtración de mensajes comprometidos de Whatsapp entre Ábalos y otros miembros relevantes de su partido publicados en prensa que se conocía, con certeza, que habían sido publicados por aquel", continúa el juez, que habla de un plan para la recopilación de datos e información personal y reservada (secreta por Ley) de los mandos de la UCO.
REUNIONES CON DOS AGENTES DE LA GUARDIA CIVIL
El auto menciona que el abogado Jacobo Teijelo celebró una reunión en diciembre de 2024 con el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes para presentarle a Leire Díez como una "persona del PSOE", de la que hay una grabación que consta en la investigación.
En aquella reunión, a la que también asistieron Teijelo y Javier Pérez Dolset, Sánchez Yepes llegó a dar información del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, a sabiendas de que era información reservada. "Eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet", llegó a decir este capitán antiguo integrante de la UCO.
La exmilitante socialista también tuvo dos reuniones en marzo de 2025 con otro guardia civil, el comandante Rubén Villalba, investigado en el 'caso Koldo'. Este agente elaboró unas actas, que constan en las actuaciones judiciales, donde revela que Leire Díez le ofreció que le pagaran su defensa y que declarara como testigo protegido ante la Policía Nacional "contra la Guardia Civil y, concretamente, contra la UCO".
PERSONACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL
Por este motivo, agentes de la UCO se han personado este miércoles en la sede central de la Dirección General de la Guardia Civil en la calle de Guzmán el Bueno de Madrid para recabar las informaciones reservadas internas abiertas relacionadas con una posible filtración.
Fuentes del caso han indicado que el teniente coronel Antonio Balas ha acudido este miércoles a la sede central de la Dirección General de la Guardia Civil, en paralelo a que otros subordinados en la UCO entraban a la sede del PSOE en Ferraz y también realizaban registros en los domicilios de Santos Cerdán en Milagro (Navarra), de Gaspar Zarrías en Madrid capital y de Javier Pérez Dolset en Móstoles.
La presencia de la UCO en la Dirección General de la Guardia Civil se ha producido cuando la directora general del instituto armado, Mercedes González, se encontraba en las instalaciones de Batalla del Salado presidiendo la toma de posesión del nuevo jefe en la Comunidad de Madrid, general de brigada Francisco Almansa.
El magistrado instructor ha dado este paso porque indaga, entre otras cosas, en si hubo pagos desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.
En concreto, la causa indaga en los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.