La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha comenzado este lunes un juicio contra los integrantes de un grupo organizado dedicado presuntamente a la trata de mujeres paraguayas para su explotación sexual, así como al blanqueo de capitales, inmigración ilegal y organización criminal.
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, con motivo de investigaciones judiciales se tuvo conocimiento de la existencia en Pamplona de un grupo familiar de súbditos paraguayos, que aproximadamente desde el año 2009 se dedicaba a captar mujeres en su país, valiéndose de la situación de precariedad en la que se encontraban las víctimas tanto a nivel personal como social.
Por circunstancias de pobreza de la zona en la que vivían, convencían a las mujeres ofreciéndoles viajar a España y Francia a trabajar en el servicio doméstico, en un supermercado, un restaurante o un centro de estética, por lo que les hacían los trámites para obtener el pasaporte, así como la adquisición de pasajes en una agencia que conocía el verdadero motivo del viaje.
Desde España, en algún caso, les enviaban una carta de invitación, les procuraban el dinero para poder pasar la frontera, dándoles instrucciones antes de iniciar el viaje de cómo hacerlo, debiendo aparentar venir como turistas, desconociendo estas mujeres que iban a ser explotadas sexualmente.
Una vez en España, bajo la apariencia de trabajar en centros de estética y masaje, se les decía que tenían una deuda que oscilaba entre 3.000 y 6.000 euros que debían abonar, viéndose obligadas a ejercer la prostitución ante la situación de estancia irregular, el temor que les infundía el grupo familiar y la situación de desprotección en que se encontraban.
El grupo estaba formado por una mujer de nacionalidad paraguaya, quien tenía pisos y centros de estética en Pamplona, donde debían trabajar en la prostitución las víctimas, quien era la que daba las órdenes y, en connivencia con su familia residente en Paraguay, realizaba la captación de las mujeres bien directamente o a través de terceras personas.
Asimismo la organización contaba entre otras personas con la hermana de la procesada, quien residía en Francia y quien recibía a algunas de las víctimas, tras su paso por Pamplona, para ser explotadas sexualmente en pisos que alquilaba en la zona de Nantes.
La procesada también era amiga de un policía municipal de Pamplona cuya amistad, sin conocimiento del agente, era utilizada para amedrentar a las víctimas.
En la investigación de estas diligencias se han presentado denuncias por cinco víctimas que fueron captadas y explotadas sexualmente.
