El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha tenido que archivar la euroorden de detención y extradición a Francia que pesaba sobre un hacker navarro de 29 añosnatural de Corella, acusado de un masivo ciberataque a empresas. Las autoridades judiciales francesas han decidido paralizar dicha orden de detención y el joven navarro comparecerá de manera voluntaria el próximo 12 de octubre para declarar ante los investigadores.

Su defensa, que ejerce el penalista madrileño Juan Gonzalo Ospina, ha conseguido de este modo que el procedimiento se archive en la AN, se retiren las medidas cautelares que existían sobre el procesado y que este continúe en libertad, a la espera de que se produzca su declaración y se adopten entonces otras obligaciones sobre él. Francia accedió a la petición del joven después de ofrecerse colaborador con la Justicia y de advertir de que tenía trabajo estable en España y contacto diario con su domicilio familiar.

Conviene recordar que las autoridades judiciales francesas le acusen de los delitos de organización criminal, delito informático, blanqueo de capitales y extorsión por un importante ataque informático perpetrado en la noche del 14 al 15 de julio de 2021. Dicho ciberataque, que la acusación amplía a otros hackeos a 26 empresas galas con pérdidas calculadas en 2,2 millones de euros entre el 1 de julio de 2021 y el 13 de febrero de 2022, se cometió contra una multinacional que vende ropa infantil y que fue víctima de un ataque informático mediante un ransomware del tipo Babuk. Con estos códigos maliciosos insertos en el sistema de contabilidad y gestión de ventas, se acusa al joven navarro de formar parte de la organización criminal que encripta dichos sistemas y que pide un rescate en criptomonedas para poder liberarlo de dicho código. El investigado se podría enfrentar a una pena de 20 años de prisión. En el registro de su domicilio se le incautaron varios ordenadores y teléfonos móviles de última generación.

El joven fue detenido en su localidad natal el 4 de julio por agentes de la brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional en Tudela. Hasta el momento se encontraba en libertad provisional debido a que su defensa había presentado un incidente de nulidad contra la Orden Europea de Detención y Entrega de la Audiencia Nacional debido a que no fue informado de su derecho a designar abogado en Francia. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Tudela decretó también el archivo de la causa al entender que era incompetente para investigar dicha causa pero la defensa del acusado también ha recurrido la resolución a la Audiencia navarra.

Archivado el procedimiento en la AN

El Ministerio Fiscal consideró en su día que habiéndose producido todos los efectos el ciberataque en Francia, donde están asimismo la totalidad de las víctimas, siendo éste el país quien tiene abierta y avanzada una investigación, aconsejaban su envío ante las autoridades francesas, dado que "no se conocen causas que pudieran obstaculizar la entrega".

El juez Pedraz compartió en julio la postura de la Sala al "acceder a la ejecución de la Orden europea de detención y entrega dictada por las autoridades de Francia por el delito de blanqueo de capitales para enjuiciamiento", matizando que en caso de ser condenado por las autoridades francesas “podrá ser devuelto a España para cumplir la pena en España al ser español”, se podía leer en la resolución. Sin embargo, ante el cambio de postura de las autoridades francesas que acceden a la declaración voluntaria del procesado, la Audiencia Nacional ha tenido que decretar el archivo del procedimiento porque la orden de detención ya no estaba en vigor.