Un residente en la localidad navarra de Garde ha sido una de las víctimas de un grupo criminal especializado en estafas BEC (Business Email Compromise), recién desmantelado por la operación Gulio de la Guardia Civil, cuya complejidad requirió de la colaboración, entre otras, del Equipo de Policía Judicial de Pamplona.
Por el momento, cuatro personas han sido detenidas en A Coruña, acusadas de perpetración de fraudes bancarios mediante tecnologías de la información. Estos perpetradores, que operaban desde un locutorio en la ciudad gallega, enfrentan cargos relacionados con delitos continuados de estafa, intrusión informática y blanqueo de capitales. Actualmente, están en libertad bajo la condición de presentarse semanalmente en el juzgado y la prohibición de abandonar el país.
El modus operandi de los ciberdelincuentes incluía diversas fases, desde la investigación y recolección de información hasta la suplantación de identidad, el engaño, la manipulación y finalmente la ejecución del fraude.
La técnica principal utilizada por este grupo era el Fraude de la Factura, en el que, mediante técnicas de intrusión informática, alteraban las cuentas bancarias destinatarias de las facturas. En el proceso de estafa, el grupo criminal empleaba mulas de dinero, individuos reclutados para recibir el dinero estafado en cuentas a su nombre, para luego transferirlo a otras cuentas y hacerlo efectivo en cajeros. Posteriormente, el dinero en efectivo se transformaba nuevamente a digital a través de empresas remesadoras de dinero, facilitando así su envío a un país latinoamericano donde operaban los cabecillas de la organización criminal.
En los registros se incautó una cantidad significativa de evidencia, incluyendo documentación relacionada, tarjetas bancarias a nombre de terceros, tarjetas SIM de diferentes operadoras, ordenadores, teléfonos móviles, dispositivos de videograbación, dispositivos de memoria dinero en metálico y moneda extranjera, así como otras herramientas utilizadas en las estafas.
Las investigaciones, iniciadas a principios de año, fueron coordinadas entre distintos Juzgados y Unidades de la Guardia Civil, tras recibir denuncias de perjudicados en toda España e Italia, incluyendo entidades mercantiles, Administraciones Públicas y particulares. El valor total de las estafas asciende a más de 51,500 euros, afectando a víctimas como la ya citada en Garde, Lliria (Valencia), Alicante y Coruña, además de una empresa en Italia.
La investigación permanece abierta, enfocándose ahora en el análisis de la información contenida en la documentación y dispositivos incautados, con el objetivo de determinar si los detenidos operaban como parte de una organización internacional más extensa o simplemente ofrecían servicios a otros ciberdelincuentes a cambio de dinero, funcionando como un en dedicado al Crimen como Servicio del Crimen" ('Crime as a Service')
