La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 2 años y medio de cárcel para E.C.B., vecina de Iturmendi de 63 años que fue detenida el pasado 6 de febrero y acusada de enaltecimiento del terrorismo por unos comentarios publicados en la red social X. La detención se produjo a raíz de una denuncia de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Además, otro arresto tuvo lugar en A Coruña.
El Juzgado Central de Instrucción nº 2 ha dictado este miércoles el auto de apertura de juicio oral y exigió a la investigada una fianza de 7.000 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades económicas. La acusada deberá abonar el dinero antes de este sábado.
El juicio se celebrará en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Desde la plataforma Iturmendiko Elkartasun Taldea han convocado una asamblea popular este jueves a las 19.00 horas en la plaza del pueblo.
LA DETENCIÓN
El 6 de febrero agentes de Policía se personaron sin previo aviso en el domicilio de E.C.B. para llevar a cabo el arresto y enviarla a la Jefatura Superior de Pamplona. Horas más tarde, una de sus hijas recibió una llamada en la que fue informada sobre la detención, desconociendo dónde se encontraba su madre.
Junto a su hermana, ambas acudieron a la Jefatura ubicada en la calle General Chinchilla de Pamplona e hicieron entrega de varios medicamentos para su madre a un agente. Posteriormente, fue trasladada en régimen de incomunicación a Madrid, donde se le ha tomado declaración en la Audiencia Nacional.
Familiares de la acusada, esposa de un ex preso fallecido en 2016, declararon que este hecho podría haber sido un condicionante para realizar la operación, la cual tildaron de "barbaridad" y "venganza".
MEDIDAS CAUTELARES
El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea acordó dejar en libertad con medidas cautelares a las dos mujeres detenidas, que deben comparecer periódicamente en los juzgados y están obligadas a designar un domicilio habitual.
Se da la circunstancia de que el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha fijado cautelares a pesar de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había interesado previamente la puesta en libertad sin medidas. Cuando pasaron a disposición del juez, ambas se acogieron a su derecho a no declarar.
