Anulan el rechazo de pruebas del policía acusado de matar a un médico en Almería

La Audiencia de Almería ha anulado la resolución judicial que denegaba la práctica de nuevas diligencias de prueba solicitadas por la defensa del agente de la Policía Nacional investigado por la muerte violenta del médico Rafael Piorno Fermoselle, ocurrida en Roquetas de Mar en agosto de 2024.

En un auto dictado por la Sección Tercera, el tribunal estima el recurso de apelación de la representación del policía, José Javier F.M. y declara la nulidad de las resoluciones previas dictadas por la Sección Civil y de Instrucción de Roquetas.

Los magistrados fundamentan que la instructora denegó la práctica de las pruebas mediante un modelo "meramente estereotipado" que no concretaba los datos fácticos o jurídicos para considerarlas inútiles o impertinentes.

Prisión provisional

Rafael Piorno, de 76 años y antiguo candidato del PP, fue hallado maniatado con bridas y apuñalado en su vivienda de Aguadulce. Los investigadores sostienen que el policía ideó un plan de robo contra el facultativo, de quien era paciente.

Los dos principales investigados, José Javier F.M., agente de Policía Nacional en El Ejido, y el leonés Óscar F.S., están en prisión provisional comunicada y sin fianza por su presunta implicación en el homicidio y en un delito de robo con violencia.

Según el auto de la Audiencia, al que ha tenido acceso EFE, el derecho a la tutela judicial efectiva exige obtener una resolución fundada en Derecho, alejada de la arbitrariedad, y que esta falta de motivación causó "indefensión" al policía, al privarlo de conocer las razones reales del rechazo.

Además, advierte de que el argumento del juzgado sobre que las peticiones solo buscaban contradecir el resultado de las pesquisas policiales es una pretensión plenamente legítima en el ejercicio del derecho de defensa.

Informe técnico de telefonía

Por ello, ordena a la instructora que dicte una nueva resolución "debidamente motivada", aclarando que cuenta con "libertad de criterio" para adoptar la decisión que estime ajustada a Derecho, ya sea admitiendo finalmente las pruebas o volviendo a denegarlas con los argumentos necesarios. Estas diligencias habían sido solicitadas por la nueva letrada del investigado, Elisabeth Guerrero, para impugnar un reciente informe técnico de telefonía de la Guardia Civil.

Entre las pruebas propuestas, la defensa reclama que los agentes aclaren en sede judicial los criterios técnicos por los que concluyeron que el policía se deshizo de su teléfono móvil para destruir pruebas y precisen si existe algún rastro informático real o es solo una conjetura.

La abogada exige la identificación de los titulares de las líneas telefónicas y un informe de geolocalización alternativo mediante la triangulación de repetidores entre el 21 y el 24 de agosto, para contrastar si la ubicación real de los investigados coincide con el relato policial. También solicita el acceso íntegro a los datos en bruto de WhatsApp del móvil del otro principal encausado, Óscar F.S., que reflejaba 14 comunicaciones cifradas entre ambos.