Poner los ahorros de las personas al servicio de un beneficio colectivo no es una idea nueva, pero hoy en día su vigencia sigue siendo máxima. Este camino empezó a labrarse bajo el paraguas de la Inversión Socialmente Responsable (ISR) durante la década de los 70. Medio siglo después, esta filosofía que se aplica en el mundo financiero se ha consolidado como un sector en crecimiento que aúna los objetivos económicos con las consecuencias medioambientales, el impacto social y las cualidades de la gobernanza de cierta inversión.
El patrimonio de los Fondos de Inversión estatales con criterios de sostenibilidad supera este año los 151.400 millones de euros, un salto de más del 20% respecto a 2024, según las cifras difundidas por Inverco, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones. Asimismo, las cuentas partícipes de Fondos sostenibles representan cerca del 50% del total.
Los criterios para invertir de manera socialmente responsable, condensados en las ASG, surgen como respuesta a la necesidad de generar unos estándares que orienten y permitan discernir el tipo de actividad financiera desarrollada por las compañías. Además de los aspectos positivos más evidentes, el Foro Europeo de Inversión Sostenible (Eurosif) ha recalcado en un informe publicado esta misma semana que la integración de estos criterios proporciona mayor estabilidad, resiliencia y rentabilidad a las empresas, ya que permite aumentar la creación de valor a largo plazo y, al mismo tiempo, reducir los riesgos.
A la hora de apostar por una inversión de esta clase, es relevante identificar la vocación real de la misma: la mayoría de los productos que se ofrecen promueven características medioambientales, sociales o de gobernanza, integrándolas en el proceso de inversión junto con otros objetivos financieros. No obstante, existe una categoría en la que la inversión sostenible es el objetivo principal y medible. Esta opción, orientada a generar un impacto positivo tangible con el capital invertido, garantiza en mayor medida que el ahorro se alinee con criterios éticos y de sostenibilidad a largo plazo.
Inversión responsable en Navarra
La agenda de transformación económica del Gobierno de Navarra alineó formalmente sus metas económicas con los criterios ASG en 2016 a través de la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad (S4). Tras una actualización en 2021, la estrategia impulsada por Sodena, empresa pública que brinda apoyo financiero al Ejecutivo Foral, “está desempeñando un papel destacado en la transición hacia un modelo industrial más sostenible”, según la evaluación intermedia publicada en abril de este año. El desarrollo de esta estrategia culminará en 2027.
Medición de la responsabilidad
En la actualidad, los índices que registran el grado de cumplimiento de las compañías cotizadas en cuestiones de responsabilidad medioambiental, social y de gobernanza son el IBEX Gender Equality, lanzado en 2021, y el IBEX ESG, en 2023.
Este año, la evolución del IBEX ESG ha alcanzado máximos históricos tras el colapso provocado por la pandemia de la covid y los ajustes de 2022. Las cifras registradas evidencian la fortaleza a largo plazo de los valores alineados con la sostenibilidad. Esta tendencia se confirma en la rentabilidad, donde ganancias anuales notables, como el 23,53% de 2023 y el sobresaliente 31,15% en lo que va de 2025, prueban que el mercado está favoreciendo activamente la inversión responsable.
En mayo de 2025, BME dejó de publicar el indicador FTSE4Good IBEX, pionero a la hora de medir la responsabilidad social de las compañías españolas cotizadas. Este índice, que ha estado operativo los últimos 17 años, constituía la versión española del FTSE4Good de la Bolsa de Londres.
Cambio de normativa en la UE
Con el fin de estandarizar la transparencia sobre la Inversión Socialmente Responsable (ISR), el Reglamento SFDR de la UE entró en vigor en marzo de 2021. Frente a las deficiencias que presentaba esta norma, puesto que daba lugar a divulgaciones muy extensas y poco útiles a la hora de comparar diferentes productos financieros, el pasado 20 de noviembre la Comisión Europea dio a conocer una propuesta legislativa para simplificarla. Esta promete facilitar información “más sencilla y utilizable para los inversores”, favoreciendo que se tomen decisiones “mejor informadas”.
