Una delegación de diversas plataformas de empleados públicos temporales españoles trasladó este martes al Parlamento Europeo su preocupación por que el proyecto de ley para reducir la temporalidad en el empleo público no incluya una directiva europea que mejoraría su estabilidad ante las situaciones de abuso de contratos temporales.

La representación de los trabajadores interinos mantuvo este martes un encuentro impulsado por la delegación de Ciudadanos en la Eurocámara en el que también estuvieron presentes diputados del PSOE, el PNV o Vox, entre otras formaciones, para pedir que impulsen la incorporación de esta directiva en el ordenamiento jurídico español.

"La estabilidad es el objetivo final de la directiva europea, que se debe trasponer, y es el momento. El Gobierno y el resto de partidos tienen ahora mismo la obligación y oportunidad de poder solucionar este problema, (€) que tengan en cuenta nuestras propuestas que no son otra que mantener la primacía del derecho comunitario", subrayó la portavoz de las plataformas, Ana Dueñas.

"Es fundamental que se trasponga una directiva que ya está traspuesta para el sector privado y que no se está aplicando en el sector público cuando la temporalidad es mucho más alta", explicó Dueñas. Estas plataformas consideran que el texto definitivo del proyecto de ley ya público "es un primer paso adelante" para muchos trabajadores temporales, pero aún "no cumple las sentencias" de la justicia comunitaria.

"No define cuando un trabajador está en abuso de temporalidad ni concreta la sanción que se debe imponer a las Administraciones incumplidoras y sigue castigando al interino y al ciudadano por la mala praxis de las Administraciones públicas", afirman. La portavoz de los trabajadores públicos agradeció la organización de la reunión, en la que, explicó, todos los grupos políticos les han ofrecido su ayuda para "trasladar a sus respectivos partidos políticos en España nuestras peticiones y posibles reuniones".

Lo ha hecho también la representante del PSOE, la eurodiputada Estrella Durá, de quien Dueñas ha destacado su "voluntad de poder ayudar". "Ha sido bastante comprensiva y nos ha ofrecido también el poder contar con ella y podernos reunir en privado para poder trasladar lo que nosotros estamos exigiendo a su partido político", añadió.

El diputado de Ciudadanos Jordi Cañas, por su parte, instó al Gobierno español a "resolver de una vez por todas dentro de la legalidad y normativa europea una situación de abuso", en la que "cerca de 800.000 personas tienen ahora mismo una inseguridad jurídica absoluta frente a decisiones de un gobierno que pueden provocar que pierdan su empleo". De ellas, subrayó Cañas, más del 70 % son mujeres y muchas están entre los 50 y los 55 años, por lo que "necesitan una solución legal y justa a su situación que no se puede demorar más en el tiempo".

El objetivo de la reunión de hoy, dijo el diputado de la formación naranja, era que los representantes de estas plataformas "hablasen directamente con sus representantes públicos en Europa, cosa que en España no pueden hacer" porque "el Gobierno no los ha recibido". "Detrás de estos puestos hay personas y esas personas, que han demostrado durante la pandemia estar a la altura de las circunstancias, necesitan una solución", incidió Cañas.