El sindicato ELA ha elaborado un informe en el que concluye que "hay 25.000 viviendas vacías en Navarra y más de 350 desahucios al año" y ha propuesto medidas como garantizar por ley el derecho subjetivo a la vivienda o limitar los precios del alquiler para asegurar el acceso a una vivienda.
El informe, con el título 'El problema de la vivienda en Hego Euskal Herria: diagnóstico y alternativas', ha sido presentado por Aitor Murgia, autor y miembro del Gabinete de Estudios de ELA, y Saioa Urriza, responsable comarcal del sindicato. El trabajo "deja en evidencia la grave situación de la vivienda en Navarra" y detalla propuestas del sindicato en este ámbito.
ELA ha afirmado que "en Navarra hay decenas miles de personas, sobre todo mujeres, jóvenes y personas racializadas que no pueden acceder a una vivienda, ya que la vivienda es concebida como un elemento de especulación y no como un bien de necesidad".
Aitor Murgia ha destacado "la carestía tanto de la vivienda de alquiler como la de la que está en venta". "Mientras que la renta media de alquiler se encuentra en torno a 1.000 euros en Pamplona, el precio de la vivienda en compraventa es superior a los 1.500 euros por metro cuadrado en todo Navarra. El colectivo que más está sufriendo estos altos precios es el de los jóvenes, donde la edad media de emancipación ha superado los 30 años. Después de la crisis de 2008 las condiciones de financiación por parte de los bancos se han endurecido y la necesidad de ahorra en un contexto de precariedad laboral expulsa a muchas personas de poder comprar una casa", ha afirmado.
Entre las cuestiones abordadas en el informe se encuentra también "la turistificación, que además de encarecer los alquileres, está desplazando a los residentes de sus barrios, así como los efectos aún más graves que tienen que soportar las mujeres, la situación de las personas sin hogar o la discriminación a la que en muchas ocasiones se ven sometidas las personas migrantes".
Saioa Urriza ha señalado que las propuestas de ELA pasan por "garantizar por ley el derecho subjetivo a la vivienda, impulsar el alquiler frente al modelo de compra-venta, la limitación de los precios del alquiler, obligar a destinar las viviendas desocupadas a alquiler, paralizar los desahucios, la limitación y control de las viviendas turísticas y aumentar el gasto público en vivienda al 2% del PIB, ya que Navarra está a la cola europea en dotaciones presupuestarias para vivienda: mientras que la media europea es del 0,6% del PIB, aquí se destina el 0,29%". "En definitiva, entender la vivienda como un bien social y no como un bien especulativo", ha señalado Urriza.
