Navarra amplía su parque público comprando VPO y VPT en venta

El Gobierno de Navarra está apostando por una estrategia activa y sostenida para aumentar su parque de vivienda protegida. Lo está haciendo a través del ejercicio del derecho de tanteo y retracto, una figura legal que permite a la administración adquirir viviendas que salen al mercado, antes de que pasen a manos privadas. Aunque durante años se usó con cuentagotas, en los últimos ejercicios esta herramienta se ha convertido en una pieza clave de las políticas de vivienda del Ejecutivo foral.

Una política en expansión

Solo en el primer trimestre de 2025, el Gobierno ya ha adquirido 15 viviendas protegidas, una cifra que iguala todo lo comprado en 2024. A esto se suman cuatro operaciones más en tramitación, lo que evidencia un cambio de escala y ambición. Desde 2021, la tendencia ha sido clara:

¿Qué tipo de viviendas se están adquiriendo?

A diferencia de años anteriores, donde la mayoría de las operaciones afectaban exclusivamente a Viviendas de Protección Oficial (VPO), en 2025 se están incluyendo también Viviendas de Precio Tasado (VPT) y cualquier tipo de vivienda calificada como protegida y que siga sujeta a régimen administrativo.

El criterio es claro: si la vivienda mantiene limitaciones de precio o condiciones de acceso, entra dentro del alcance del tanteo.

Esta ampliación es estratégica. Las VPT, aunque menos reguladas que las VPO, también cumplen una función social al ofrecer vivienda a precios limitados. Incluirlas en el fondo público permite conservar su finalidad original y evitar que salten al mercado libre.

¿Cómo funciona el tanteo y el retracto?

El derecho de tanteo y retracto está regulado en la Ley Foral 10/2010 del Derecho a la Vivienda, y otorga a la administración foral prioridad para adquirir viviendas protegidas en venta. El procedimiento es relativamente sencillo: cuando se desea vender una VPO o VPT, el propietario debe notificarlo a la Administración indicando las condiciones de la operación. A partir de ahí, el Gobierno de Navarra dispone de 40 días hábiles para decidir si ejercita su derecho.

Si lo hace, compra la vivienda en las mismas condiciones ofrecidas al comprador privado. Si no, emite una renuncia expresa. También puede intervenir mediante retracto si detecta que se ha producido una transmisión sin respetar el procedimiento legal o por un precio superior al autorizado.

El proceso suele ser ágil: según fuentes oficiales, las resoluciones de compra se están tramitando entre 20 y 30 días de media, y las renuncias incluso antes.

Un uso social claro: Fondo Foral de Vivienda

Las viviendas adquiridas no se quedan sin uso. Todas se incorporan al Fondo Foral de Vivienda Social, gestionado por Nasuvinsa y diferentes entidades colaboradoras. Este fondo se destina principalmente al alquiler social, dirigido a personas o familias en situación de vulnerabilidad, riesgo de exclusión o con dificultades de acceso a una vivienda digna.

Esta medida no solo frena la pérdida de vivienda protegida, sino que también amplía el parque público sin necesidad de construir desde cero, optimizando recursos públicos e inmuebles ya existentes.

Más presupuesto, mayor impacto

En los presupuestos de 2025, el Gobierno ha triplicado la partida destinada a estas compras, pasando de 2 millones de euros en 2024 a 6,5 millones este año. Esta dotación permitirá un volumen de operaciones mucho más ambicioso y una cobertura más amplia a lo largo del territorio navarro.

Además, esta política se alinea con otras medidas destinadas a combatir la especulación en zonas tensionadas y a garantizar que la vivienda protegida cumpla con su vocación social a largo plazo.

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