Naciones Unidas ha pedido al Gobierno de Filipinas que levante la prohibición de viajar a la periodista Maria Ressa para que pueda acudir a la capital de Noruega, Oslo, para recibir su premio Nobel de la Paz.

Las autoridades filipinas tratan de impedir el viaje de Ressa al considerar que existe "riesgo de fuga" después de que haya sido condenada en junio de este año por 'ciberdifamación'. Es por eso que el fiscal general del país, Jose Calida, ha presentado un recurso de apelación al permiso a viajar, aprobado por el Tribunal Supremo.

Así pues, la ONU ha señalado que "como una organización que ha recibido el Premio Nobel de la Paz" está "muy preocupada" por las restricciones de viaje impuestas a Ressa. "Instamos al Gobierno de Filipinas a que retire inmediatamente esas restricciones y le permita viajar a Oslo", donde se celebrará la entrega de premios el mes que viene, ha señalado en rueda de prensa el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric.

Ressa visitó la semana pasada la ciudad de Boston, en Estados Unidos, para participar en una serie de conferencias. Aunque tenía previsto desplazarse de vuelta a Filipinas, la periodista solicitó a las autoridades modificar su itinerario de viaje para poder ir a Oslo de manera directa desde Estados Unidos.

Calida ha reconocido que si bien el Nobel de la Paz "es un premio prestigioso" que se otorga a aquellos que han aportado algo a la humanidad, Ressa "no ha presentado ningún argumento convincente" o "evidencias que demuestren la necesidad y la urgencia de su viaje a Oslo".

Ressa participó en 2012 en la fundación del portal Rappler, crítico con el Gobierno de Rodrigo Duterte y con algunas de sus políticas, como su 'guerra contra las drogas', investigada por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI).

La periodista fue condenada en junio de 2020 junto a su compañero de profesión Reynaldo Santos por un artículo publicado en este medio en mayo de 2012 en el que se relacionaba al empresario y demandante Wilfredo Keng con el tráfico de personas y el contrabando de drogas.

Aquel texto se publicó cuatro meses antes de que el Gobierno promulgara una ley contra la 'ciberdifamación' en septiembre de 2019, lo que ha generado las críticas de varias organizaciones de prensa y de Derechos Humanos al considerar que la legislación es un nuevo intento de silenciar a periodistas y críticos de Duterte.