Uno de los efectos negativos de la pandemia ha sido distanciar a los ciudadanos del personal sanitario, necesitado de un nivel de aislamiento y protección especiales para poder realizar, y además eficazmente, su labor.

Pero si alguna función requiere proximidad presencial, son la sanitaria y la docente en las que resulta imprescindible. Y, sobre todo, la primera que exige confidencialidad y contacto para poder realizar las acciones que permiten emitir un diagnóstico. Unido a una imprescindible vocación de servicio que debería incorporarse como materia de formación, por la especial singularidad de su actividad y su relación tan directa e insustituible con las personas.

Por eso resulta especialmente grave la constante denuncia, sobre todo en la Atención Primaria, de la carencia de profesionales suficientes para hacer frente a las demandas ciudadanas y el “abuso” de la interlocución telefónica y virtual con quienes perteneciendo a la estructura administrativa, no son propiamente sanitarios.

Esto se ha puesto de manifiesto con enorme crudeza ahora, pero viene siendo desde hace años uno de los efectos perversos del adelgazamiento de las plantillas públicas propiciadas por la legislación de la llamada estabilidad presupuestaria que impedía cubrir vacantes y crear plazas nuevas. Y aún más, de una política propiciada desde el centralismo estatal de privar a las Comunidades Autónomas del ejercicio de la política de personal que necesitan para atender a sus ciudadanos. Políticas en las que coinciden tanto el PP como el PSOE que cuentan con el sumiso acatamiento de los gobiernos de esas Comunidades que ellos mismos ostentan. Y con el respaldo de las decisiones del politizado Tribunal Constitucional que apoya esas pretensiones fruto del seguidismo debido a quienes designan a sus miembros. Únicamente las Comunidades en las que existe un alto grado de aspiración nacional tratan de combatir esas políticas.

Navarra, envuelta durante años en una ilógica connivencia de gobierno de ambos partidos que ha reducido enormemente sus aspiraciones competenciales, no es ajena a las consecuencias de esas medidas y ahora se están viendo las consecuencias, obligando a una apresurada convocatoria de oposiciones para cubrir los enormes déficits de personal existentes. Convocatorias que, incomprensiblemente, tardan demasiado tiempo en resolverse.

Para completar el cuadro, el sindicato médico, organización corporativa, convoca una huelga que, si bien tiene toda legitimidad, no parece que aporte soluciones a los problemas de la sanidad en Navarra sino más bien al bolsillo de sus miembros. Ya se sabe, todos queremos más aunque, en este caso, se afirme falsamente que los médicos navarros son los peores pagados del Estado.

Se echa de menos un análisis y propuestas por su parte más positivas para ayudar a resolver los problemas de la sanidad pública. La pretensión de suprimir la exclusividad en la dedicación es un auténtico contrasentido si de verdad se cree en la sanidad pública. Por cierto a nadie se obliga a trabajar en ella si no quiere, pero pretender servir a la red pública y, a la vez, a la privada irá en menoscabo de la debida dedicación y atención a los pacientes. Aparte de fomentar un pluriempleo que, además, solo beneficiaría a determinados médicos y de determinadas especialidades porque Navarra no tiene una población tan abundante como para rentabilizar su actividad. Existen diversos ejemplos de la creación de centros sanitarios por iniciativa privada que luego reclaman la concertación con la red pública por su falta de rentabilidad.

Resultaría más lógico plantear un plan de necesidades de profesionales que permitiese cubrirlas con personal que optase voluntariamente al proceso de incorporación por el procedimiento de acceso a la función pública, estableciendo un periodo de compromiso obligatorio de mantenerse en la plaza obtenida que garantice una adecuada estabilidad y sirva para generar la necesaria confianza con los pacientes. Y revisar, a la vez, el régimen de las excedencias que deberá evitar tanta interinidad por las vacantes que genera su ejercicio desmesurado.

En definitiva que, afrontando el coste de las retribuciones que hagan justicia a la dedicación e importancia de la actividad, mejoremos en cantidad, calidad y estabilidad las plazas que debe tener la sanidad pública en Navarra. Y de paso plantearse si no ha llegado el momentos de pensar en abrir un horario vespertino en el funcionamiento de los centros de salud.

Sería interesante, también, analizar y adoptar medidas para extender la atención especializada en las zonas más dispersas de población. ¿No sería posible una itinerancia de medios para acercarlos más a la gente? A mi entender las infraestructuras tecnológicas lo podrían hacer perfectamente viable.

En fin, son inquietudes ciudadanas que uno espera que los profesionales ayuden a resolver y las administraciones a gestionar.