El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a un año de inhabilitación a la consellera de Acción Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, por desobediencia en la organización y la celebración del 1-O en 2017, cuando encabezaba la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

En la sentencia tras el juicio del 29 de marzo, consultada este miércoles por Europa Press, también se le impone una multa de 12.000 euros.

En el juicio reclamó su absolución, dijo que actuó obedeciendo el "mandato democrático" de la mayoría independentista del Parlament favorable al 1-O, y sostuvo que consultar a la ciudadanía no fue un delito.

La Sala considera probado que, cuando no había sido nombrada miembro del Govern, se inició "un proceso de independencia y de creación de una República catalana de acuerdo con las formaciones políticas surgidas de dichas elecciones y en cuyo programa llevaban dicho ideario y finalidad".

Tras las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015, se nombró a Serret consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y fue cesada el 27 de octubre de 2017.   

"DEBER DE IMPEDIR O PARALIZAR"

En marzo de 2017, cuando ya estaba en el cargo, por providencia del Tribunal Constitucional (TC) se indicó a todos los miembros del Govern "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que pudiera suponer, ignorar o eludir la suspensión acordada".

También se les notificó que se abstuvieran "especialmente de licitar, ejecutar o fiscalizar contratos administrativos licitados por la Generalitat instrumentales para la preparación del referéndum".

La sentencia constata que el 9 de junio de 2017, el entonces presidente Carles Puigdemont anunció la fecha y pregunta del 1-O: '¿Quiere que Catalunya sea un estado independiente en forma de República?'.

En septiembre de 2017, Serret, junto a los otros miembros del Govern que han sido objeto de enjuiciamiento en otra causa ante el Tribunal Supremo (TS), "desatendió de forma consciente el requerimiento del TC" y firmó el decreto de convocatoria, aunque el TC suspendió su aplicación y declaró la inconstitucionalidad y nulidad.

"La acusada era perfecta conocedora de la ilegalidad de todas las decisiones que le fueron objeto de notificación y requerimiento por parte del TC, ignorando de forma consciente y deliberada lo ordenado por dicho TC, decidiendo, por ello, no llevar a cabo actuación alguna para dejar sin efecto las normas impugnadas", añaden los magistrados.

SERRET ANUNCIA QUE RECURRIRÁ

Tras conocerse la sentencia, Serret ha asegurado que no piensa por ahora abandonar su cargo, sino que presentará recurso contra su condena y seguirá "confrontando" con el Estado y el sistema judicial español.

En un comunicado, Serret ha evitado dar la batalla por perdida, por lo que no piensa de momento dar un paso atrás: "El Departamento de Acción Exterior y Unión Europea, que tengo el honor de encabezar, centra en estos momentos mi plena atención, y así continuará siendo. No contemplo ningún otro camino".

"Hemos hecho mucho trabajo en siete meses. Estamos volviendo a poner Catalunya en la escena internacional y, aunque nos quieran anular, nos mantendremos tan activos y comprometidos como siempre, llevando más y mejor Cataluña al mundo", ha afirmado.

Serret ha remarcado que la sentencia emitida este miércoles "no es firme", por lo que presentará recurso y continuará defendiéndose "hasta donde haga falta".

"Seguiremos confrontando al Estado y al sistema judicial. También denunciando la persecución contra el independentismo. Continuaremos plantando cara a la represión y explicitando ante sus responsables directos que no nos detendrán, en el Tribunal Supremo o allí donde haga falta", ha insistido.

Serret ha recalcado que lo que hizo el Govern al impulsar el 1-O "no es delito": "Poner urnas no es un delito, ni ahora ni en 2017. Y el 1 de octubre no solo no fue un delito, sino que fue una expresión democrática masiva que respondía a un mandato de una mayoría parlamentaria", ha subrayado.

Según la consellera de ERC, "el conflicto continúa y no pararemos hasta conseguir una solución política y democrática. Reivindicaremos en todas partes la democracia y la plena libertad de todas las personas represaliadas y exiliadas".

"Continuaremos trabajando por un proyecto político que es legítimo: alcanzar la república catalana. Tenemos todo el derecho a defenderlo políticamente y, como hemos hecho siempre, pacíficamente. Y tenemos también el derecho a ganarlo democráticamente: no renunciaremos nunca", ha añadido.

ARAGONÈS LA MANTENDRÁ EN EL CARGO

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrado su apoyo a la consejera y ha afirmado que mantendrá sus funciones institucionales: "La sentencia no es firme".

Lo ha dicho durante una visita institucional a la desalinizadora del Llobregat en El Prat del Llobregat (Barcelona), junto a la consellera de Acción Climática, Agricultura y Alimentación de la Generalitat, Teresa Jordà, y el director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, entre otras autoridades.

Ha recordado que la sentencia del TSJC viene derivada de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los líderes del 1-O, a las que ha tildado de "sentencias políticas porque se persigue una actividad política", y ha afirmado que acudirán a los tribunales internacionales para defender los derechos de Serret.

JUNQUERAS VE UN "ATAQUE" AL DERECHO A VOTO

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que la condena a Serret es un "ataque" contra el derecho de voto, manifestación y reunión de los catalanes. "Hacer un referéndum no es un delito. Defender la independencia de Cataluña no es un delito y, por tanto, cualquier condena es profundamente injusta porque es una condena contra todos los derechos de los ciudadanos de Cataluña", ha declarado a los periodistas.

Mientras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha expresado su apoyo a la consejera y ha defendido que el 1-O "no merece ni un minuto de inhabilitación". También se ha pronunciado Carles Puigdemont, que ha tildado de "injusta" la sentencia: "Cada condena y cada inhabilitación busca condenarnos e inhabilitarnos a todos. No pararán nunca".

"Condena injusta para una causa judicial injusta", ha asegurado Puigdemont en un mensaje en su cuenta de Twitter al poco de conocerse la inhabilitación de Serret.

Por su parte, la CUP ha expresado su "solidaridad" con la consejera. "La represión no cesa, el Estado continua buscando venganza contra el independentismo", ha criticado el partido.